La Corte Suprema de El Salvador (CSJ) resolvió mantener a casi la mitad de los jueces cesados por un decreto del gobierno del presidente Nayib Bukele que fuerza el retiro de un tercio de los magistrados.

Este sábado entró en vigencia un decreto legislativo aprobado por el Congreso oficialista, que retiraba de sus funciones a los magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio.

La norma alcanzaba a 249 jueces, un tercio del sistema de justicia.

De estos, 115 se acogieron a una de las prerrogativas de la norma que permitía "no renunciar y solicitar quedar en régimen de disponibilidad", para ser considerados en caso se requiriera de sus servicios.

Según decisión de la CSJ, estos 115 podrán "permanecer en sus funciones dentro de las sedes judiciales, manteniendo sus cargos por un periodo de 5 años, pudiendo ser prorrogados".

Otros 100 jueces optaron por renunciar acogiéndose a un plan de indemnización, informó el estatal Diario El Salvador, y serán sustituidos este domingo en una ceremonia de juramentación.

Finalmente, 34 jueces se negaron a renunciar, han denunciando la norma por "inconstitucional" y fueron cesados sin beneficios.

El miércoles la CSJ había dado un ultimátum a los jueces para que presentarán su renuncia y no queden fuera de una bonificación de 24 meses de salario.

Los jueces que se opusieron a la medida acudieron el 17 se septiembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, a "denunciar al Estado salvadoreño, por la violación a los derechos humanos, derivados de dicho acto que reforma la ley de la carrera judicial".

En el poder desde junio de 2019, el presidente Bukele goza de un amplio apoyo y ha capitalizado el descontento popular respecto de los partidos tradicionales que gobernaron por tres décadas.

Algunas de sus medidas han sido criticadas por Washington y la comunidad internacional, mientras que sus opositores lo acusan de tratar de "concentrar el poder".

El pasado 1 de mayo, ni bien asumió funciones, la Asamblea controlada por los aliados de Bukele destituyó y reemplazó a los magistrados de la Sala Constitucional de la CSJ y al fiscal general, con los que el mandatario tuvo serias diferencias.

Esta nueva Sala Constitucional interpretó a inicios de septiembre un artículo de la Constitución que da luz verde para que Bukele se presente a una reelección, si así lo desea, en 2024.

Como una respuesta irónica a las críticas, Bukele se autodenominó recientemente en Twitter "El "Dictador más cool del mundo mundial".