La Corte Suprema de Estados Unidos falló que parte de una ley que facilita la deportación de inmigrantes declarados culpables de delitos no se puede aplicar porque es demasiado confusa.

La decisión del alto tribunal fue muy ajustada, con sólo cinco de los nueve magistrados a favor, entre los que figuró el conservador Neil Gorsuch, nombrado el año pasado por el presidente, Donald Trump, y que interpreta la Constitución de manera literal sin tener en cuenta los cambios de la sociedad actual.

La discusión se centró en una cláusula de la ley que define “delito violento”.  Si un inmigrante ha sido hallado culpable de un delito violento, podía ser deportado con mayor agilidad.

Ya antes un tribunal federal de apelaciones en San Francisco había anulado la ley por considerarla demasiado ambigua y la Corte Suprema coincidió el lunes. El tribunal de apelaciones basó su fallo en una decisión de la Corte Suprema en el 2015, que anuló una ley similar que permitía imponer sentencias más largas a delincuentes reincidentes.

La decisión es un golpe para el gobierno de Trump que, al igual que el de su predecesor Obama, había defendido la ley ante la Corte Suprema. Este revés, sin embargo, ocurre en momentos en que Trump está poniendo el tema de la inmigración en el centro del temario nacional.

El caso examinado por el tribunal se centra en James Dimaya, un inmigrante de Filipinas que vino a Estados Unidos en 1992 cuando tenía 13 años. Tras ser acusado de robo en California, el gobierno inició trámites para deportarlo, argumentando que se trató de delitos violentos y, por tanto, su expulsión estaba amparada por esa provisión recogida en la ley federal.

El caso fue debatido en enero del 2017, cuando a la Corte Suprema le faltaba un juez, pues había fallecido el conservador Antonin Scalia y no había sido remplazado. No hubo decisión, posiblemente porque hubo un empate de 4-4.