Bogotá.- La Corte Suprema de Colombia ordenó este martes la captura por cargos de narcotráfico del congresista Jesús Santrich, exnegociador de paz de la disuelta guerrilla FARC y cuyo paradero se desconoce desde el 30 de junio.

En un auto divulgado a la prensa, el tribunal dictó la medida, que además incluye un pedido a la policía internacional (Interpol) para que ubique y arreste a Santrich con fines de extradición.

El presidente Iván Duque saludó la decisión ante lo que llamó una "burla a la justicia" por parte de Santrich y aseguró que serán "implacables" en su búsqueda.

"Seremos implacables con quienes pretendan seguir en esas actividades criminales, quienes pretendan seguir en la reincidencia y quienes pretendan burlarse del Estado derecho", declaró el mandatario.

El excomandante rebelde pasó a ser prófugo tras incumplir este martes una diligencia de indagatoria en la corte para que responda por un presunto intento de traficar con cocaína después de haber firmado la paz en 2016.

Estados Unidos lo busca por los mismos cargos.

Los magistrados explicaron que en un principio privilegiaron el "derecho fundamental a la libertad" del exguerrillero, pero que ante su "inasistencia injustificada" ahora deberá ser capturado para que se defienda de los cargos de "concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes".

En abril de 2018 Seuxis Paucias Hernández -nombre legal de Santrich- ya había sido detenido con fines de extradición a Estados Unidos.

Pero en mayo de este año la Corte Suprema dispuso su excarcelación y asumió el expediente del congresista, quien siempre alegó que era inocente y que las acusaciones respondían a un complot de Estados Unidos y la fiscalía colombiana para torpedear la implementación de los acuerdos de paz.

FARC, decepcionada

De 52 años y con una aguda deficiencia visual, el dirigente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la firma de la paz, abandonó su esquema de seguridad el 30 de junio, y desde entonces se desconoce oficialmente su paradero.

El abogado defensor Gustavo Gallardo afirmó este martes que no sabía los motivos de la decisión de su cliente, pero evocó "razones de seguridad" sobre las que no ahondó.

El ahora partido de izquierda ha señalado con insistencia falta de garantías y asesinatos selectivos de sus integrantes tras la firma del pacto que condujo al desarme de unos 7,000 combatientes.

Este martes la FARC denunció un plan para matar a los exjefes guerrilleros, luego de que la cifra de rebeldes asesinados ascendiera 140, según cifras del partido.

Santrich, quien llegó al Congreso como parte del pacto que terminó con medio siglo de lucha armada con la otrora guerrilla comunista, también debe acudir a la justicia especial de paz que investiga los peores crímenes cometidos durante el sangriento y prolongado conflicto.

Si incumple con esa obligación, podría igualmente perder los beneficios jurídicos que le otorga el acuerdo de paz.

El caso Santrich ha dado munición a los críticos de la negociación de paz, empezando por el gobierno de Duque, que denuncian la impunidad que rodea supuestamente los compromisos firmados en Cuba bajo la pasada administración de Juan Manuel Santos (2010-2018).

De su lado, el partido FARC criticó sin ambages la actuación de su exnegociador, y confió en que los colombianos "sabrán diferenciar entre las determinaciones individuales" y la "abrumadora mayoría" que está cumpliendo con los compromisos firmados.

Santrich "tiene responsabilidades políticas muy serias con todos los que confiamos en él. Nos decepciona y lastima profundamente", dijo el movimiento en un comunicado.

Además del legislador, las autoridades no tienen pistas sobre el paradero de otros tres excomandantes guerrilleros, quienes tampoco han comparecido a los llamados de la justicia de paz y están en proceso de perder las ventajas del acuerdo y quedar de nuevo en la mira de las autoridades.

El pacto con la otrora guerrilla comunista prevé que los responsables de graves delitos que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas reciban penas alternativas a la cárcel. En caso de incumplimiento, podrán recibir condenas de hasta 20 años.