Ciudad de Guatemala. El Congreso de Guatemala suspendió la madrugada del lunes un polémico presupuesto para el próximo año, cuya aprobación desató protestas el fin de semana en las que manifestantes incendiaron la sede del Parlamento y pidieron la renuncia del presidente conservador Alejandro Giammattei.

“Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del Organismo Legislativo 2021”, informó el presidente del Parlamento, el oficialista Allan Rodríguez, en un mensaje a la nación por el canal del Congreso.

Rodríguez explicó que el procedimiento legislativo fue suspendido y por tanto el decreto que avala el presupuesto ya no será remitido al presidente guatemalteco, a quien le correspondía aprobarlo o vetarlo.

Ahora, los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según estipulan las leyes guatemaltecas. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año, por unos 10,390 millones de dólares.

El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines, aprobó el martes pasado un presupuesto récord para el 2021, de casi 12,800 millones de dólares.

Sectores disconformes, que han reclamado también la renuncia de Giammattei, llamaron entonces a manifestaciones contra el gobierno por no destinar en el presupuesto suficientes recursos para combatir la pobreza y la desigualdad.

El sábado, miles de guatemaltecos manifestaron pacíficamente para pedir la renuncia de Giammattei, pero otros se dirigieron a la sede del Parlamento e incendiaron varias oficinas tras romper ventanas para ingresar.

“Actos terroristas”

Según Rodríguez, los manifestantes utilizaron el presupuesto como “el argumento principal para dar sustento y soporte a la manifestación”, que tenía “el objetivo de romper el orden constitucional y lograr acceder al poder”.

El presidente parlamentario tildó además los hechos contra la sede del Congreso como “actos terroristas”, tras afirmar que darán con los responsables y pedirán a la Fiscal General, Consuelo Porras, que sea designado un fiscal específico para esa investigación.

Giammattei expresó en un comunicado la noche del domingo palabras similares, al indicar que las protestan eran de grupos “minoritarios que buscan forzar un verdadero golpe de Estado”.

El país, donde se suceden las denuncias por corrupción así como demoras en la designación de jueces, ya vivió en el 2015 la renuncia del presidente Otto Pérez por un caso de fraude aduanero.