Hong Kong. La policía de Hong Kong detuvo a al menos 370 personas durante protestas, y a una decena se les aplicó la nueva ley de seguridad apenas 24 horas después de ser promulgada por el gobierno de Pekín para apagar la disidencia.

Mientras miles de personas se reunían para una manifestación anual que conmemoraba el 23 aniversario de la entrega de la antigua colonia británica a China en 1997, la policía antidisturbios usó gas pimienta y disparó perdigones mientras realizaban arrestos después de que las multitudes se derramaran en las calles cantando “resistir hasta el final” y “Independencia de Hong Kong”.

“Tengo miedo de ir a la cárcel, pero por justicia tengo que salir hoy, tengo que levantarme”, manifestó un hombre de 35 años que se identificó como Seth tras participar en las protestas.

La ley castiga los delitos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras con cadena perpetua, verá a las agencias de seguridad de la parte continental en Hong Kong por primera vez y permite la extradición a la parte continental para ser juzgada.

El parlamento de China adoptó la ley en respuesta a las protestas del año pasado provocadas por el temor de que Beijing estuviera sofocando las libertades de la ciudad, garantizada por “un país, dos sistemas” acordada cuando regresó al dominio chino. Beijing niega la acusación.

Represión a la vista

La oposición hongkonesa y numerosos países occidentales condenaron la ley porque temen que marque el comienzo de una nueva era de represión política y que se termine con la oposición prodemocrática y las libertades de aplastamiento, incluido un sistema legal independiente y el derecho a protestar, que se consideran clave para el éxito de Hong Kong como centro financiero internacional.

El gobierno británico anunció que extenderá los derechos de inmigración para los habitantes de su antigua colonia, tras calificar la ley de “violación manifiesta de la autonomía de Hong Kong y una amenaza directa para las libertades de su población”.

Los críticos temen

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que la nueva ley era una afrenta para todas las naciones y que Washington continuaría implementando la directiva del presidente Donald Trump para poner fin al estatus especial del territorio.