Caracas. La derrota del oficialismo venezolano en los comicios legislativos lo pone ante un escenario complejo: por primera vez en 17 años deberá gobernar sin el control de la Asamblea Nacional y en medio de una profunda crisis económica.

El Consejo Nacional Electoral anunció el lunes en la madrugada que la coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática, obtuvo 99 escaños y que el oficialismo sumó 46 legisladores. Resta adjudicar 22 escaños, entre ellos los de los representantes de las etnias indígenas.

Si la oposición logra obtener al menos 112 de las 167 bancas que componen el Legislativo, logrará una mayoría calificada que le permitiría convocar a una asamblea constituyente y aprobar una reforma constitucional; designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a los rectores del Consejo Nacional Electoral, a la fiscal general, el contralor general y el defensor del pueblo, entre otros.

En una alocución tras conocerse los resultados, el presidente Nicolás Maduro reconoció la derrota y dijo que el triunfo de los sectores adversos al gobierno estuvo sustentado en la guerra económica . Agregó: Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética a reconocer estos resultados adversos, aceptarlos y decirle a nuestra Venezuela que ha triunfado la constitución y la democracia .

La nueva mayoría opositora que asumirá en enero el control de la Asamblea Nacional se prepara para impulsar una serie de reformas que incluirá cambios a lo interno del Poder Legislativo y la modificación de algunas leyes fundamentales, como la del Banco Central de Venezuela.

Antes de asumir sus funciones el 5 de enero, la mayoría opositora constituirá esta semana cuatro comisiones en las áreas económica, social, de seguridad e institucional, las cuales prepararán una serie de normativas para atender de manera urgente problemas claves como la desbordada inflación, que los analistas estiman que ya alcanzó los tres dígitos, el desabastecimiento de productos básicos y la creciente delincuencia.

La oposición también le dará prioridad a una ley de amnistía para lograr la liberación de los llamados presos políticos.