En el centro neurálgico de la resistencia contra las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, voluntarios inundan los barrios para filmar arrestos y entrevistar a testigos y gobiernos locales se están uniendo a los donantes para contratar abogados para las audiencias de expulsión.

California y la administración Trump miden sus fuerzas por la aplicación de la ley federal de inmigración, tema principal del presidente en la campaña electoral. Se trata de una batalla profundamente entre las promesas de Trump contra el estado más poblado y económicamente poderoso del país, donde 27% de los 39 millones de residentes nacieron en el extranjero.

La semana pasada, el fiscal general, Jeff Sessions, presentó una demanda acusando al estado de California por tres leyes santuario que limitan la cooperación de las policías locales con las autoridades federales alegando que interfieren con sus labores de inmigración. En comentarios reveladores en la capital del estado, Sessions calificó a los líderes políticos de California como “radicales que favorecen las fronteras abiertas”.

Pero California no retrocede.

En San Francisco, el alcalde demócrata, Mark Farrell, llamó a Sessions “imbécil” y propuso ampliar el presupuesto para los defensores públicos. El alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg, también demócrata, dijo a la radio pública que “resistiría con orgullo”. La alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, quien indignó a la Casa Blanca al alertar a los residentes del área de la bahía sobre una potencial redada de inmigración, dice que no se arrepiente.

California ha otorgado a los inmigrantes indocumentados privilegios que no pueden obtener en la mayoría de los otros estados: licencias de conducir, matrícula universitaria en el estado e incluso cierta ayuda financiera.

Trump planea acudir mañana a San Diego para visitar los prototipos ya construidos del muro con México y elegir a la empresa que se encargue de su construcción.

Sin embargo, aún no está claro de dónde saldrá el dinero para su financiación, aunque Trump insiste en que será pagado por México.