Un grupo de solicitantes de asilo enviados a México cruzó la frontera el martes para sus primeras audiencias en una corte de inmigración de Estados Unidos, con la esperanza de quedarse en el país.

El programa conocido como Protocolos de protección al migrante (MPP, por su sigla en inglés) regresa a las personas que buscan protección en Estados Unidos para que esperen sus procesos judiciales en las ciudades fronterizas de México. Unas 240 personas, incluidas familias, han sido devueltas desde fines de enero, según funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios de la corte en San Diego remitieron preguntas sobre la cantidad de audiencias que se llevarían a cabo al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que no respondió a una solicitud de comentarios.

Pero los abogados que representan a un puñado de clientes se preparaban para comparecer ante el tribunal.

Ariel, de 19 años y quien dijo que salió de Honduras debido a amenazas de muerte de pandillas contra él y su familia, se encontraba en el primer grupo de migrantes solicitantes de asilo que regresó a México el 30 de enero y recibió una notificación para comparecer ante un tribunal estadounidense en San Diego.

"Yo confío en Dios en que sí vamos a poder. No puedo regresar a mi país porque allá me van a matar", relató el joven, quien comentó que no había podido obtener un permiso de trabajo legal en México, pero encontró un empleo en un restaurante en Tijuana que no le paga lo suficiente para mudarse de un refugio.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos están demandando en un tribunal federal que se detenga el programa MPP, parte de una serie de medidas del Gobierno de Donald Trump para tratar de frenar el flujo de migrantes que intentan entrar a Estados Unidos, en su mayoría centroamericanos.

El Gobierno de Trump dice que la mayoría de las solicitudes de asilo, especialmente de centroamericanos, son rechazadas en última instancia, pero debido a los abrumadores atrasos de los tribunales migratorios, las personas a menudo son liberadas mientras esperan la resolución de sus casos y viven en Estados Unidos durante años.

El gobierno ha dicho que el nuevo programa busca poner fin a "la explotación de nuestras generosas leyes de inmigración".

Los críticos del programa dicen que viola la legislación estadounidense y las normas internacionales, ya que los migrantes a menudo son enviados a ciudades peligrosas en México en situaciones precarias en las que es difícil recibir información sobre los cambios en las fechas de los tribunales de Estados Unidos y buscar ayuda legal.