Washington. El Departamento de Justicia decidió iniciar una acción legal contra Arizona, sobre la base de que la nueva ley migratoria del estado fronterizo invade la jurisdicción federal; buscará un amparo para evitar que la legislación entre en vigor.

La acción legal se presentó ante un juzgado antes de lo anticipado e invoca la doctrina legal de preeminencia, basada en la cláusula constitucional de supremacía que señala que una ley federal tiene preeminencia sobre un estatuto estatal. El Departamento de Justicia dice estar convencido de que las leyes migratorias son responsabilidad federal.

La acción legal también integra componentes de derechos civiles, al mencionar que la ley Arizona podría conducir a hostigamiento policial de ciudadanos estadounidenses y de extranjeros. El presidente Obama ha advertido que la ley podría ser violatoria de los derechos civiles de los ciudadanos y el procurador general, Eric H. Holder, Jr. ha expresado su preocupación de que podría ser un fuerte elemento divisorio entre la policía y comunidades de inmigrantes.

Una demanda legal del gobierno federal sin duda acrecentaría la batalla legal y política sobre la ley Arizona, que otorga a la policía el poder de detener a cualquiera, si existe una sospecha razonable de que se trata de un inmigrante ilegal. Además de las críticas de Obama y Holder, la ley ha generado condenas de grupos de derechos civiles, así como otras cinco demandas. Los funcionarios de Arizona defienden la ley y han pedido al gobierno de Obama que no se vaya a acciones legales.

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, anunció desde el mes pasado la intención del Departamento de Justicia de entablar una demanda contra la ley Arizona. Los expertos legales de la dependencia han estado preparando el caso que incluye testimonios de otras dependencias federales sobre cómo la ley significaría una carga inmoderada sobre su capacidad de aplicar las leyes migratorias en todo el país, ya que se anticipa que la policía de Arizona referiría a los detenidos a autoridades federales.

Expertos legales coinciden en que el gobierno federal no tendrá muchas dificultades para convencer a un juez de que la ley, que entra en vigor este mes, es anticonstitucional.