El Departamento de Educación de Arizona solicitara a un distrito escolar local la restitución de 1.2 millones de dólares de fondos estatales, al argumentar que el dinero fue usado en forma ilegal para dar educación gratuita a niños mexicanos.

El superintendente escolar de Arizona, Tom Horne, informó este martes que de acuerdo con una auditoría al Distrito Escolar de Ajo, esta jurisdicción aceptó en forma ilegal a estudiantes que no son residentes de Arizona.

Horne dijo que en los últimos tres años, esta práctica tuvo un costo para el estado de 1.2 millones de dólares.

'El asunto aquí no es ciudadanía o documentación, sino residencia', argumentó Horne. 'En este caso, 105 estudiantes aseguraron que residían en Arizona, cuando de hecho residían en México.

El Distrito Escolar de Ajo es diminuto en comparación con otros de la entidad, y cuenta sólo con un jardín de niños, una primaria, una secundaria y una preparatoria.

Las escuelas de Ajo, una comunidad del desierto sur de Arizona cerca de la frontera con México, atienden a niños de la reservación indígena Tohono O'odham y de las comunidades de Lukeville, Why, y Ajo.

Horne explicó que los niños mexicanos cruzan la frontera cada día y toman autobuses para asistir a las escuelas públicas en Ajo, donde son educados a cargo de los contribuyentes de Arizona.

Añadió que los auditores determinaron que los estudiantes mexicanos aseguraron que residían en casas móviles inhabitables o vacías y un hotel abandonado en Lukeville.

'Esta práctica debe pararse y yo tengo la intención de solicitar al distrito que reintegre el dinero de los contribuyentes', dijo Horne.

El distrito tiene 30 días para apelar los resultados de la auditoría ante la Oficina de Audiencias Administrativas del Estado de Arizona.

El reclamo por educar con fondos públicos a estudiantes mexicanos, se presenta una semana después de que el mismo Departamento de Educación de Arizona ordenara a los distritos escolares remover a sus profesores que hablaban inglés con un fuerte acento.

La medida se suma a una nueva ley estatal que prohíbe a los maestros dar alguna clase en la que se promueva derrocar el gobierno de Estados Unidos, promover el resentimiento contra alguna raza o tipo de persona o promover solidaridad étnica entre los alumnos.

Todo esto luego de que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, proclamara el pasado 23 de abril una ley que declara delito estatal el ser inmigrante indocumentado en la entidad y autoriza a los policías aplicar las leyes migratorias.

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