El gobierno alemán aprobó este miércoles un controvertido proyecto de ley para acelerar las expulsiones de miles de solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada.

Las medidas del gobierno de Angela Merkel, que todavía tendrán que recibir el visto bueno del Parlamento, forman parte de un acuerdo de principios concluido hace dos semanas por los Estados regionales, responsables en el país de la puesta en marcha de las expulsiones, y del gobierno federal.

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La canciller busca mostrarse firme ante las críticas recibidas, también desde su campo conservador , por haber abierto la puerta a más de un millón de migrantes en el 2015 y 2016.

El texto prevé acelerar y facilitar los envíos a sus países de origen de aquellos solicitantes de asilo cuya petición no haya prosperado, como era el caso del autor del atentado yihadista con un camión que dejó 12 muertos el 19 de diciembre en Berlín.

La solicitud de asilo del tunecino Anis Amri, de 24 años, había sido denegada pero no pudo ser expulsado, según Berlín, por la falta de cooperación de las autoridades tunecinas.

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A partir de ahora, Alemania aumentará de cuatro a 10 días la duración de la detención de los migrantes a los que se les haya negado el asilo y considerados por la policía como potencialmente peligrosos, antes de ser enviados a sus países.

Los solicitantes de asilo que mientan sobre su identidad o que incumplan la ley tendrán que enfrentar sanciones más severas, como la imposición de una pulsera electrónica. Además, las autoridades tendrán potestad para acceder a los datos de los celulares de los solicitantes de asilo si dudan sobre su identidad.

erp