Un fiscal argentino acusó el martes penalmente al presidente Mauricio Macri de perjudicar al Estado con un acuerdo para resolver una antigua deuda impaga de una empresa postal que pertenecía al padre del mandatario.

El acuerdo, cerrado el año pasado, disparó críticas de la oposición por un supuesto conflicto de intereses y llevó a una fiscal a intentar frenarlo, al considerar que permite al conglomerado controlado por Franco Macri pagar una exigua tasa de interés tras la quiebra de la empresa que estaba a cargo del servicio de correo.

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El fiscal Juan Pedro Zoni pidió "iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal" de Correo Argentino SA, que se inició hace más de 15 años.

Según Zoni, Macri "resultaría beneficiario de forma directa o indirecta de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél" en alusión al funcionario que firmó el trato).

El fiscal también acusó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

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Al momento de la quiebra, Correo Argentino tenía una deuda de 296 millones de pesos, equivalentes a la misma suma en dólares.

Pero hoy ese monto equivale a sólo 19.1 millones de dólares, que el grupo de Macri deberá pagar en un plazo de 15 años con una tasa de interés del 7% anual, en un país con una inflación superior al 30% anual en el 2016.

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