Caracas.- Las autoridades iniciaron procesos judiciales contra algunos de los manifestantes detenidos por los violentos incidentes ocurridos esta semana en Caracas, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaron malos tratos y supuestas torturas contra algunos de los jóvenes apresados y un activista.

La Fiscalía General anunció el viernes la apertura de procesos contra 10 manifestantes detenidos entre ellos, dos menores de edad y señalados de participar en hechos de violencia contra unas oficinas de la policía que ocurrieron tras la marcha que realizaron el miércoles universitarios y opositores en Caracas.

Los 10 manifestantes, que quedaron en libertad pero sometidos régimen de presentación en tribunales, fueron imputados por instigación pública a delinquir, daños violentos, asociación en grupo para cometer delitos y concurrencia de adolescentes para cometer un acto delictivo, dijo el Ministerio Público en un comunicado.

En la víspera, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo a un grupo de oficialista que acudió al Ministerio Publico para exigir justicia que "los responsables de los hechos ocurridos... en el país van a pagar por esto".

Ortega Díaz informó el jueves que las autoridades ya disponen de "material fotográfico, fílmico" sobre los violentos incidentes del pasado miércoles en los que fue atacada la sede de la Fiscalía General.

La funcionaria señaló a grupos de "infiltrados y encapuchados" de ser los responsables de los incidentes violentos que dejaron tres muertos, 66 heridos y decenas de detenidos.

Aunque las autoridades hablaron inicialmente de 69 manifestantes detenidos incluidos los 10 a los que se inició proceso y se dejó en libertad condicional_, el director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, afirmó que " solo en Caracas hay aproximadamente 100 detenidos". Añadió que "no se conoce el paradero" de algunos de ellos y que los familiares y activistas esperan que "aparezcan en las audiencias" en los tribunales.

Romero indicó que los detenidos por las manifestaciones del 12 de febrero han sido incomunicados y no se les permite hablar con sus familiares ni abogados, hecho que consideró como violatorio de las leyes.

El activista dijo a la AP, en entrevista telefónica, que el Foro Penal Venezolano denunciará ante las autoridades los casos de maltratos y "tortura" a los que fueron sometidos algunos de los detenidos a quienes se les aplicó "descargas eléctricas", les "metieron la cabeza en agua como para hacerlos declarar ciertas cosas", y fueron golpeados.

La Fiscalía General no respondió a las preguntas de la AP sobre las denuncias de torturas a los detenidos.

Un representante de la ONG local Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, acudió el viernes a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General para denunciar el secuestro temporal que sufrió un miembro de esa organización por parte de hombres encapuchados que se identificaron como miembros de la policía política.

El coordinador de medios de Provea, Inti Rodríguez, relató a la AP que la noche del 12 de febrero fue secuestrado por cerca de una hora por un grupo de hombres "uniformados de negro con pasamontaña y chalecos antibalas, portando armas largas y cortas", que se identificaron como supuestos integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que lo interceptaron en un improvisado puesto de vigilancia que montaron en una calle de la barriada pobre de Catia, al oeste de Caracas.

"Ellos se identificaron como personal Sebin (pero) nunca mostraron ni su rostro ni sus credenciales", agregó.

Rodríguez dijo que luego de darle algunos golpes en la cabeza con las culatas de sus armas los presuntos funcionarios policiales lo montaron en una motocicleta y lo llevaron a un terreno baldío donde lo siguieron golpeado, lo interrogaron, le quitaron su teléfono y billetera, y "me amenazaban que me iban a matar".

Tras casi una hora de retención el activista fue liberado pero no le regresaron sus pertenencias.

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