El 2017 inició con la muerte de Isidro Baldenegro López, indígena tarahumara defensor de los bosques de Chihuahua, que en el 2005 recibió el Premio Ambiental Goldman, el máximo reconocimiento internacional otorgado a quienes llevan a cabo la labor de defender el medio ambiente. De los 157 defensores ambientales que han recibido este galardón, dos han sido asesinados: Baldenegro y la líder indígena y activista hondureña Berta Cáceres, quien fue asesinada en el 2016 por defender los derechos de las comunidades indígenas sobre la tierra.

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De acuerdo con la organización Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para ejercer el activismo medioambiental, mientras que América Latina es la región en la que más ambientalistas han sido asesinados. En total, 122 defensores medioambientales fueron asesinados en la región latinoamericana en el 2015, de acuerdo con el informe En terreno peligroso de Global Witness el informe correspondiente al 2016 será publicado a mediados del 2017.

El 2015 fue el peor año de la historia en lo que respecta al asesinato de defensores de la tierra y el medio ambiente , explica la organización. Durante este año, como media, más de tres personas fueron asesinadas cada semana. En total, ocurrieron 185 asesinatos de defensores ambientales en 16 países de los cinco continentes. América Latina y Asia destacan como las regiones que registraron la mayor cantidad de asesinatos de ambientalistas, con 122 y 47 casos, respectivamente.

La minería, la agroindustria, las presas hidroeléctricas y la tala fueron los sectores que estuvieron más relacionados con las muertes de defensores ambientales. Además, según el informe de Global Witness, 40% de los defensores asesinados eran indígenas, igual que Baldenegro y Cáceres. La información indica claramente la implicación del Estado y las empresas en los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente , refiere el informe.

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En marzo del 2016, un grupo de hombres armados entraron por la noche a la casa de Berta Cáceres y la asesinaron. La activista medioambiental y líder indígena dedicó buena parte de su vida a detener la construcción de una presa en la comunidad Intibucá, en el oeste de Honduras. Desde el golpe de Estado que sufrió en el 2009, más de 123 defensores del medio ambiente han sido asesinados en Honduras. No hay ningún lugar del planeta en el que sea más probable morir asesinado por protestar contra el expolio de tierra y la destrucción del mundo natural que en Honduras , explica el informe Honduras, el lugar más peligroso para defender el planeta, elaborado por Global Witness.

Además del asesinato de Berta Cáceres, el informe centra su atención en otros cinco casos de irregularidades relacionadas con violaciones a los derechos humanos de los defensores de la tierra. Destaca el caso de Ana Miriam Romero y Rosaura, quienes en octubre del 2015, recibieron una paliza por parte de militares, lo que hizo que Rosaura perdiera el bebé que estaba esperando. Ambas eran perseguidas por oponerse a la construcción de la presa hidroeléctrica Los Encinos, en tierras que pertenecen a su comunidad. De acuerdo con Global Witness, el administrador de esta presa es el esposo de la presidenta del Partido Nacional, el partido en el poder, y vicepresidenta del Congreso hondureño Gladis Aurora López, por lo que claramente existe un conflicto de intereses, ya que de acuerdo con la legislación hondureña, es ilegal que un funcionario o su cónyuge obtengan contratos o concesiones hechas por el Estados , explica el informe.

Otro de los casos recopilados por Global Witness es el de la masacre de las comunidades tolupanas. Según el informe, desde hace casi una década, los indígenas tolupanes del norte de Honduras han recibido amenazas y han sido criminalizados y asesinados por su oposición a la tala y minería ilegales, acciones que han saqueado sus tierras sin tener en consideración a las comunidades que las habitan. Los tolupanes son el grupo indígena más marginado de Honduras; viven en condiciones de pobreza extrema en zonas rurales remotas, con un acceso limitado a los servicios básicos , explica el informe.

Pero estos son sólo algunos de los muchos casos de violencia en contra de los defensores de la tierra en el país centroamericano. Como consta en el informe de Amnistía Internacional (AI) Defendamos la tierra con nuestra sangre, el golpe del Estado en contra de Manuel Zelaya en el 2009 ha provocado toda una serie de consecuencias, entre las que se incluyen las repetidas violaciones a los derechos humanos y a la integridad de los defensores ambientalistas.

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Amnistía Internacional pudo constatar que la gran mayoría de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos relacionados con la tierra, el territorio y medio ambiente permanecen impunes en Honduras. La impunidad ha llevado a la perpetuación de la violencia contra personas defensoras, pues la ausencia de identificación, procesamiento y sanción de los responsables envía el mensaje de que las personas defensoras pueden ser atacadas sin consecuencia alguna , refiere AI.

Pero la impunidad no es el único problema que atañe al gobierno hondureño ante estas denuncias. Después de publicar el informe, el comisionado en Honduras de la británica Global Witness, Bill Kyte, sufrió un altercado cuando presentaba el informe en un foro de televisión en la capital hondureña, debido a que el ministro de Recursos Naturales del Estado, pidió que el ministerio público detuviera al investigador. Según información de la prensa local hondureña, la la Alta Comisionada de Naciones Unidas tuvo que intervenir para que Kyte no fuera detenido.

En México, aunque la situación no parece ser tan extrema como en Honduras, el asesinato de dos activistas ambientales en lo que va del 2017 es una fuerte llamada de atención a las autoridades. El asesinato del indígena tarahumara Isidro Baldenegro y del indígena rarámuri Juan Ontiveros Ramos, ambos en Chihuahua, en el norte de México; así como la detención injustificada de Ildefonso Zamora por parte de las autoridades del Estado de México, por protestar en contra de la tala ilegal e indiscriminada son señales de que quienes defienden los recursos naturales y el medio ambiente también corren peligro en este país.

Aquí puedes leer la postura de Global Witness ante la amenaza de acción legal por parte del gobierno hondureño: https://www.globalwitness.org/en/press-releases/global-witness-condena-la-amenaza-de-accion-legal-por-parte-del-gobierno-hondureno/

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx