Hace cuatro años, Barack Obama enfrentó una crisis similar cuando inmigrantes centroamericanos que huían de la violencia empezaron a llegar a la frontera en cifras récord.

Más de 60,000 “unidades” familiares fueron detenidas en la frontera en el año fiscal 2014, un incremento del cuádruple en comparación con el año previo.

En un principio, el gobierno de Obama dejó en libertad a las madres y sus hijos con instrucciones de que se presentaran en cortes de inmigración en las ciudades a las que se dirigían.

Luego el gobierno del expresidente comenzó a detener a las madres y sus hijos en instalaciones para la detención de familias: un centro con 100 camas en Pensilvania y dos instalaciones de mayor tamaño en Texas que comenzaron a operar en el 2014.

Activistas se oponían a la medida, bajo el argumento de que los menores no podían ser mantenidos por largos períodos en estas instalaciones debido a un acuerdo de 1997 que rige el trato que debe darse a los niños migrantes. Un juez federal en Los Ángeles estuvo de acuerdo y falló que los niños no podían permanecer detenidos.

Entonces el gobierno comenzó a liberar a muchas familias con mayor rapidez, ya que los períodos cortos de detención no desalentaban a los inmigrantes de venir a Estados Unidos ni le daban a los tribunales migratorios tiempo suficiente para evaluar las solicitudes de asilo.

Ahora, la crisis le toca a Trump.