El derecho, decía Dworkin, es una expresión de cómo estamos unidos en una comunidad a pesar de estar divididos en proyectos, intereses y convicciones. Lo que las personas queremos ser y la comunidad que queremos tener. Quienes estudiamos derecho lo hacemos sabiendo de antemano que no es un instrumento perfecto pero conscientes de que no hay mejor mecanismo de control del poder.

Para que la sociedad funcione equilibrada, se requiere de contrapesos al poder político y a los poderes fácticos. Un Estado en el que el Ejecutivo tiene poder absoluto tiende a priorizar sus proyectos desde una visión unívoca. Cuando esto sucede, el Legislativo y el Judicial son contrapesos constitucionales que ayudan a equilibrar y disminuir el sesgo de error que produce una visión unilateral de los problemas y proyectos sociales. La situación se complica cuando el Legislativo es mayoritariamente afín al nuevo gobierno, cuando se corre el riesgo de que las propuestas del Ejecutivo se aprueben sin el debate indispensable. La aparente debilidad de uno de los contrapesos naturales podría generar preocupaciones reales en el próximo sexenio.

Queda entonces el Poder Judicial, del que se comenta tendrá una gran transformación a partir de la próxima administración. Los términos aún no se dan a conocer pero tampoco genera mucha confianza la reestructuración de uno de los contrapesos naturales del poder si aquella será orquestada desde el mismo poder omnímodo del que ya hice referencia. Ante este escenario, un factor que tiene la vocación natural de asumir el rol de contrapeso del poder es la universidad. Considero que la voz del abogado universitario, de cualquier institución, tendrá en este momento el compromiso de fortalecerse, y con esto me refiero no sólo a tener presencia en medios, sino a la necesidad de trascender de la opinión en redes a la crítica informada, desde todos los foros posibles, constructiva, técnica en toda su esencia y enérgica si fuera necesario, desprovista de pasiones y al mismo tiempo impregnada del compromiso social para el que fuimos formados.

Requerimos más voces, no de enemigos del poder, sino de aliados de la sociedad y de todos los grupos que la componen. El poder reafirma su compromiso social cuando se nutre de un debate de altura, al igual que las normas y decisiones se legitiman cuando proceden del consenso de los actores involucrados en su elaboración, implementación y ejecución, en un apego absoluto al Estado de Derecho, que es la razón de ser de la sociedad democrática plena a la que aspiramos.

Propuestas

  1. Aumentar el presupuesto anual destinado a educación, investigación, innovación, hasta cumplir con el mínimo legal de por lo menos 1% del PIB nacional.
  2. Incorporar a la academia jurídica en todos los foros de análisis y debate de propuestas de leyes y de decisiones administrativas.
  3. Propiciar reacciones académicas a iniciativas de leyes, decisiones judiciales, y regulaciones administrativas.
  4. Fortalecer la labor jurídica por la vía de la colegiación.
  5. Agrupar a las instituciones académicas del país para hacer diagnósticos de la realidad jurídica nacional e internacional.

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