El riesgo como elemento de medición de la volatilidad de una economía considera como factor indispensable el Estado de derecho de un país.

Para la toma de decisiones, el empresario necesita, entre muchos otros factores, certeza de que las acciones que tome descansarán en un andamiaje legal más o menos estable y con ello, poder proyectar el libro de jugadas para lograr objetivos estratégicos y seguir compitiendo en el mercado.

Con independencia de que el riesgo sea producto de la incertidumbre del mercado, la disrupción del mundo de los negocios o el entorno legal, es crítico para las empresas el identificar, comprender, cuantificar y mitigar ese riesgo.

En ese ejercicio de identificación, listamos a continuación los temas legales que, sin duda, captarán la atención de los empresarios durante el 2020:

Subcontratación laboral

Varios partidos políticos han presentado iniciativas en materia de subcontratación; sin embargo, destacan la presentada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, y la propuesta por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Ninguna de las iniciativas en cuestión ha sido discutida en el pleno de las cámaras. Se planea un ejercicio de Parlamento Abierto para discutir en el Senado, la primera de las iniciativas citadas.

En términos generales, las iniciativas proponen prácticamente la desaparición de la figura de tercerización o subcontratación laboral al circunscribirla únicamente a actividades especializadas, accesorias y temporales.

Se propone prohibir el régimen de subcontratación entre empresas con un interés económico común, o bien, cuando derive una un proceso de sustitución patronal.

El incumplimiento de lo anterior detonaría consecuencias económicas y delictivas (PTU, multas y persecución de delitos fiscales).

Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana

El 20 de enero del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana (LFCC), que tiene por objetivo, como su nombre lo indica, fomentar la confianza ciudadana a través del otorgamiento de beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñen las personas físicas y morales. Se excluyen de la ley las materias fiscal, aduanera, del trabajo, seguridad social, comercio exterior, operaciones con recursos de procedencia ilícita en los términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las auditorías y visitas.

La LFCC será aplicada por la Secretaría de Economía por conducto de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y serán beneficiarios tanto las personas físicas como morales que cumplan con sus obligaciones regulatorias y fiscales. Se crea un Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana en el que se inscribirán de manera voluntaria y gratuita las personas beneficiarias de los programas que se implementen, mismos que todavía no se ha indicado en qué consistirán, el padrón podrá ser consultado de manera pública a través del portal de Internet que será desarrollado por la comisión.

La intención de la LFCC parece ser premiar a quienes cumplen con sus obligaciones y fomentar el cumplimiento continuo y espontáneo de las mismas. Se establecen mecanismos de reconocimientos y sanciones.

Es muy prematuro determinar el impacto que tendrá esta nueva ley, pero parece ser una buena forma de promover la cultura de la honestidad y la legalidad entre los ciudadanos y las empresas.

El conocer cómo anticiparse y administrar apropiadamente los retos que derivarán de los temas legales antes listados será un factor fundamental para prevenir implicaciones negativas y, sobre todo, permitirá al empresario poder adaptarse de forma más efectiva al cambiante entorno económico y legal que experimenta México.