Antes del 31 de diciembre estará aprobada la legislación secundaria de la reforma laboral que integrará la democracia sindical y rendición de cuentas, y con lo cual México se pondrá a la vanguardia internacional en términos de leyes laborales planteadas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Jesús Seade, negociador del T-MEC por parte del equipo de AMLO, informó se estableció un diálogo con los congresistas mexicanos para que estén conscientes de que antes de fin de año deben estar listos los cambios en materia laboral requeridos.

En el marco de la Conferencia Perspectivas del Mundo Laboral: Nuevo Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), Seade recordó que México asumió el compromiso con Estados Unidos de tener leyes laborales para la entrada en vigor del acuerdo comercial, antes de que arranque el 2019.

“Inicialmente se había pensado que se hiciera todo eso antes de la firma del tratado, que es el próximo 30 de noviembre, pero quedó claro que era algo muy forzado; entonces, se dio un mes de plazo, de buena fe (...). El primer paquete (de reformas) es para fin de año, ése es el compromiso que fue tomado”, aseguró.

Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboral asesor del gobierno de transición de Andrés Manuel López Obrador, y Anita Sánchez, secretaria de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, informaron que se afina la iniciativa de leyes secundarias de la reforma laboral que será presentada en los próximos días al Congreso; sin embargo, la propuesta sólo incluirá el ámbito sindical y dejarán para una segunda parte, la regulación de la subcontratación laboral.

Arturo Alcalde mencionó que la iniciativa incluirá una agenda de democracia interna de sindicatos, la rendición de cuentas, los derechos de los afiliados frente a los líderes y las obligaciones de los mismos.

Esta reforma, dijo, es “ese riquísimo ámbito de la negociación colectiva, que es la institución central en el mundo del trabajo, en el que los patrones y trabajadores se sientan en la mesa para intentar conciliar sus intereses. Es muy amplia esa reforma y creo que más que suficiente para entrar a una reglamentación adecuada, eso lo que yo llamaría una agenda media en el mundo laboral”. El abogado aclaró que la democracia sindical no se traduce en permitir que haya sindicatos que extorsionen a empresas, presionen o chantajean, en donde casi exigen “derecho de piso”, por el contrario, es necesario que exista libertad sindical y contratos colectivos para dar voz y participación a los trabajadores.

Al ser cuestionada la diputada morenista Anita Sánchez sobre el riesgo que advierte la Coparmex de que pueda haber una “atomización”, respondió: se buscará el equilibrio de poderes, derechos y obligaciones.

También, se tocará el outsourcing, pero “se tiene previsto para dentro de dos años, porque hay que ir haciendo una mecánica operativa de análisis, para ver la forma de impulsar el beneficio al trabajador”, afirmó a El Economista.

“Estamos contemplando dentro de dos años que se ratifique una reforma completa en materia de outsourcing”.

Sobre la firma del T-MEC el próximo 30 de noviembre, Jesús Seade detalló que este acto que realizarán los tres gobiernos no significa que entra en vigor, pues antes debe ser autorizado por los congresos de cada nación, sino que representa el fin del proceso de negociación. Ante un posible riesgo de que el Congreso de Estados Unidos no apruebe el T-MEC, Seade señaló que el escenario sería mantener vigente el Tratado de Libre Comercio actual, en lo que se vuelve a negociar.

Capítulo Laboral del T-MEC

Algunos de los puntos a los que se comprometió México dentro del T-MEC son: proveer en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas para la negociación o protección colectiva y a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección, así como a adoptar las provisiones necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a negociar colectivamente; prohibir la dominación o interferencia de patrones en actividades sindicales, discriminación o coerción contra los trabajadores por actividad o apoyo sindical, o impedir la negociación colectiva con el sindicato debidamente reconocido.

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