Largas jornadas de trabajo, combinadas con salarios bajos que incluso están por abajo del mínimo, han caracterizado una parte sustancial del empleo —formal e informal— generado en el presente sexenio, lo que ha propulsado a niveles máximos los registros precariedad laboral, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) divulgados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), quien la efectúa.

Durante el segundo trimestre del año se reportó una tasa de 15.4 por ciento de la población ocupada que se encuentra en condiciones críticas de ocupación, el nivel más elevado para un mismo periodo desde que se tiene registro y superior en 3.7 puntos porcentuales al nivel del 2012 (11.65 por ciento), previo al inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

La tasa de condiciones críticas de ocupación incluye a las personas que trabajan menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos.

Del 2012 a la fecha se han sumado a este grupo más de 2.5 millones de personas, quienes tienen empleo pero con bajos salarios, largas jornadas laborales o menores de lo que desearían para obtener mayores ingresos. Esta cantidad equivale a poco más de la mitad de los 4.78 millones de personas que se han incorporado a un trabajo desde el 2012.

Pese a que México reporta una tasa de desempleo de 3.3 por ciento, cifra menor en 0.2 puntos porcentuales a la del segundo trimestre del 2017,  la precariedad laboral va al alza y en esta condición se reportan más de 8.2 millones de trabajadores mexicanos. Asimismo, el informe trimestral del empleo en el país revela que aumentó 1 millón 138,000 el número de personas que perciben un salario mínimo para llegar a 8 millones 705,172 trabajadores, de los cuales 501,000 son subordinados formales; 3.9 millones se encuentran como empleados informales, y 4.2 millones son trabajadores independientes.

Otro de los elementos que se consideran para evaluar como un empleo con calidad son las prestaciones de seguridad social. Actualmente, el 37.5 por ciento de la población cuenta con ella;  es decir, seis de cada 10 trabajadores no tiene esta prestación.

Informalidad, el mayor reto

Por otra parte, la informalidad laboral se mantiene en niveles elevados al reportarse en esa condición 30 millones de personas, cifra 3.3% mayor a la registrada en el mismo periodo del 2017 y equivalente a 56.6% de la población ocupada en el país.

El Inegi detalló que en todas las modalidades en las que se identifica la informalidad registraron incrementos, como es el caso de quienes trabajan en el ámbito de empresas, gobierno e instituciones, en donde hay 7.6 millones de personas y registró el crecimiento más importante 5.1%, comparado con el mismo periodo del 2017.

Al respecto, el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, afirmó que “el problema del país no es por desempleo; se han generado casi 4 millones (de empleos), entonces el problema es la informalidad, en donde seis cada 10 empleos son informales”.

Durante el segundo semestre del año se sumaron a la Población Económicamente Activa (PEA) 1.6 millones de personas; mientras que de las personas con empleo en función de la posición que guarda dentro de su trabajo, dos terceras partes del total (68.5 por ciento), esto es, 36.8 millones son trabajadores subordinados y remunerados; 12 millones (22.3 por ciento) trabajan por su cuenta, sin emplear personal pagado; 2.4 millones (4.4 por ciento) son trabajadores que no reciben remuneración, y 2.6 millones (4.8 por ciento) son propietarios de los bienes de producción, con trabajadores a su cargo.

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