“Nos encontramos al principio de una revolución que está cambiando de manera fundamental la forma de vivir, trabajar y relacionarnos unos con otros”1, marcada de una convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas. Este movimiento ha sido denominado la Cuarta Revolución Industrial.

Ante el crecimiento abrumador de la economía digital en los últimos años, diversos desafíos en materia fiscal internacional fueron identificados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estos desafíos se encuentran plasmados en su plan de acción, denominado Base Erosion and Profit Shifting (“Erosión de la Base y Traslado de Beneficios”, BEPS, por su sigla en inglés), y de manera particular en su reporte denominado: Action 1 Report on Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, publicado en el año 2015.

Este reporte reconoce que la digitalización de la economía y sus modelos de negocio representan cambios importantes en la fiscalización internacional, y la implementación de otras acciones BEPS. En particular las acciones 3, 7 y 8-10, han sido de momento la primera respuesta para combatir “la erosión de la base y el traslado de beneficios” observados en el desarrollo de esta economía. La implementación de la Acción 1, más allá de las medidas que cada jurisdicción puede establecer en sus legislaciones para evitar precisamente ese traslado de beneficios, es materia de un análisis actual y vigente. Así, de acuerdo a los lineamientos del Reporte sobre la Acción 1 del plan BEPS, en marzo del 2018, la OCDE y el G20 publicaron el Reporte Interino de los Desafíos Derivados de la Digitalización (“Tax Challenges Arising from Digitalization-Interim Report 2018), siendo ello el resultado de diversos trabajos en busca de una solución aceptable para regular la digitalización de la economía.

En este mismo sentido, en este año 2019, y de manera particular en el mes de enero, la OCDE publicó la Nota de Política (Policy Note), en la que prevé tener para el año 2020 una solución multilateral que aborde los retos en materia de tributación de la economía digital. En complemento a dicho documento, en el mes de febrero se dio a conocer el documento de consulta pública sobre las posibles soluciones a los desafíos tributarios derivados de la digitalización de la economía, dando lugar al foro que tuvo lugar los días 13 y 14 de marzo del 2019, para la citada recopilación de sugerencias y comentarios para desarrollar estrategias ante la digitalización de la economía.

En los documentos publicados se abordan esencialmente los siguientes retos en la tributación de la digitalización de la economía:

a) Asignación del derecho a imposición entre dos o más jurisdicciones, mediante los conceptos de presencia económica significativa (significant economic presence alternative), participación del usuario (user participation alternative) y los intangibles de marketing (marketing intangibles alternative). El aspecto relevante en esta alternativa es la nula o poca relevancia de la presencia física.

b) Ajuste del concepto de Establecimiento Permanente.

c) Atacar la erosión fiscal mediante la implementación de reglas antiabuso que otorgarán el derecho de gravar la utilidad o beneficio que son gravadas en jurisdicciones de baja imposición fiscal.

Las críticas a dichas medidas adoptadas por la OCDE no se han hecho esperar. La primera crítica es hecha por los países en desarrollo, que manifiestan que, respecto a la potestad de derechos de imposición, la OCDE favorece a los países que exportan el capital.

La segunda crítica a estas medidas consiste en la falta de consenso de los países miembros de las medidas a adoptar para gravar los ingresos obtenidos por la digitalización de la economía, lo que ha traído como consecuencia que varios países hayan implementado medidas unilaterales tendientes a gravar los ingresos de la economía digital.

Nuestro país no ha sido ajeno a dichas medidas y a la fecha existe una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por virtud de la cual se pretende crear la “Ley del Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de Servicios Digitales”2, cuyo principal objetivo sería “gravar los ingresos de los servicios digitales prestados por las empresas globales más importantes del mundo, las cuales no tributan en nuestro país, a pesar de contar con ingresos ingentes por la venta de servicios en México”.

Esta iniciativa es un intento por gravar la economía digital o parte de ella, pero sus analistas observan en ella problemas importantes con relación a su implementación y al respeto a los principios fundamentales del sistema impositivo mexicano, así como problemas en cuanto a las probables violaciones de los tratados internacionales en materia tributaria que se han suscrito por México.

Es por lo anterior que han surgido diversas voces en el foro que recomiendan esperar el o los reportes que la OCDE pretende emitir en el año 2020. Con base en ellos, seguramente nuestros legisladores podrán trabajar con mejores bases en una iniciativa que pueda gravar los ingresos obtenidos por la digitalización de la economía sin violentar derechos humanos y los tratados internacionales en materia fiscal que tiene suscritos México.

1 Klaus Schwab; The Fourth Industrial Revolution; World Economic Forum; Ginebra; 2016; p. 5.

2 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/09/asun_3734291_20180913_1536243462.pd