Se entenderá como una investigación compliance a aquel procedimiento interno en la empresa, independiente y reglamentado, cuyo objetivo es obtener evidencias sobre un hecho que pudiese ser contrario a la normativa bajo la que se rige la empresa. La propia empresa lleva a cabo esta investigación, que puede ser realizada por personal de la misma o por terceros.

Obtenidas las evidencias, deberán determinarse las responsabilidades de empleados a cualquier nivel; la investigación compliance podrá incluso determinar responsabilidades de terceros, como clientes y/o proveedores.

La persona que lleve la investigación debe tener evidencia objetiva para asegurarse de la veracidad y exactitud de los hechos. Uno de los mayores problemas que enfrenta el investigador es definir hasta dónde llegar en la obtención de las evidencias.

Las responsabilidades que arroja una investigación compliance pueden ser hacia el interior de la empresa, como sería la violación al código de conducta, o bien, hacia el exterior, en las que necesariamente habrá repercusiones legales para los empleados y para la propia empresa en el caso de que concurran ciertas circunstancias, como que ésta obtenga beneficio económico, participen sus órganos de administración, vigilancia o sus socios.

La investigación compliance deberá conducirse bajo reglas y parámetros objetivos que permitan a los implicados defenderse; la investigación debe partir del principio de presunción de inocencia. Es decir, deben respetarse los derechos de los implicados. Basta recordar que la resolución 17/4 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció como principio rector aplicable a todos los Estados y a todas las empresas el papel de éstas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos.

Este principio rector ha permeado en el orden jurídico mexicano. Sin embargo, es común que en aras de conocer la verdad el investigador interno recurra a prácticas que violan los derechos del investigado, pudiendo ocasionar consecuencias legales para él y para la empresa. Incluso en ocasiones se ha llegado al extremo de pasar de ser un posible acusador a convertirse en un acusado en un proceso judicial.