Julio Téllez, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, autor del libro Derecho Informático, un precedente de los estudios sobre el derecho de las tecnologías, la sociedad de la información y del conocimiento, ofrece su visión acerca de la educación superior sobre estos temas. 

—¿Cuál es el panorama de la educación superior en relación con el derecho informático?

—En principio, hace ya varios años que trascendió el término derecho informático, ahora hablamos de derecho de las tecnologías. A este respecto, existen dos compromisos de la academia sobre el tema: por un lado, tomar a las tecnologías de la información y la comunicación como un instrumento para la consecución de los fines óptimos del derecho, que son la justicia y el bien común. El otro es la tecnología como un objeto de estudio y eventual regulación. 

En ambas vertientes, la educación en México está quedando mucho a deber por parte de los planes de estudio de las universidades mexicanas. Nos estamos desfasando porque vivimos en una sociedad de la información y del conocimiento y el derecho y quienes estudian y ejercen la carrera no están a la altura de esta sociedad.

A veces decimos que los juristas nos debemos a la sociedad y pareciera que no estamos suficientemente interiorizados para identificar sus problemas y, en consecuencia, poder darles respuesta. Esto ha obstaculizado que se logren reformas en relación con la protección de datos personales, gobierno electrónico o delitos informáticos. Es lamentable que algunas instituciones, entre ellas la propia UNAM y el Tecnológico de Monterrey, pese a que introdujeron esta materia en sus programas, después decidieron quitarla.

—¿Cómo afecta esta deficiencia educativa en la elaboración de regulaciones sobre las tecnologías de la información?

—Hay quienes ignoran que estamos frente a una vorágine de nuevos problemas. Es necesario crear un nuevo orden jurídico que pueda dar soluciones a estos nuevos desafíos, pero el problema es que a quienes son los encargados de tomar las decisiones les cuesta mucho trabajo reconocer que son ignorantes, cuando este concepto designa a alguien que desconoce ciertas cosas y que tiene la ventana de oportunidad de poder conocerlas, esto quiere decir que no es reprochable o criticable el que alguien sea ignorante, lo reprochable es no hacer lo suficiente para salir de la ignorancia. 

Espero que el año electoral no entorpezca decisiones como la integración de México al Convenio de Estrasburgo en materia de protección de datos personales, o al Convenio de Budapest, en materia de regulación en ciberdelitos. La academia está tratando de hacer lo más posible para que estos avances no pasen desapercibidos.

—¿Cómo debe ser la legislación respecto del uso de las tecnologías y el combate a los delitos informáticos?

—La legislación no siempre debe tener un sentido negativo, de limitar, sancionar o suscribir. También debe estimular el buen uso de estas tecnologías, es decir que sean los ciudadanos quienes podamos gestionar nuestro propio conocimiento y que no dejemos que las empresas, como Google, sean las que generen y gestionen el conocimiento, porque su propósito es generar un beneficio económico y, al menos en el caso de las universidades públicas, el objetivo es fomentar una sociedad en la que exista menos pobreza, menos analfabetismo y un mayor nivel de crítica.
 
—¿Qué papel juega la academia? 

—Afortunadamente, la ignorancia que abunda no solo en las instituciones de gobierno sino también en las empresas, ha hecho que estas volteen a ver a la academia y eso es provechoso. Ahora nos invitan a eventos para conocer nuestra opinión y la academia tiene este tipo de compromisos y estamos dispuestos a asumirlo. 

Además, como mercado laboral, el derecho de las tecnologías también es muy atractivo y estimulante y las universidades deberían estar preocupadas porque los egresados se coloquen en entornos gubernamentales o empresariales, en los que puedan dar respuesta a los múltiples problemas que está generando el mal uso de las tecnologías de la información. 

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx