Siendo un niño, Jimoh Ovbiagele vio cómo la separación de sus padres acumuló honorarios legales, mientras su madre apenas podía mantenerlos. Esa experiencia lo marcó y mientras estudiaba Ciencias Computacionales en la universidad centró su atención en la aplicación que la inteligencia artificial y el aprendizaje maquinal podían tener en la ley.

Junto con otro colega y Andrew Arruda, un joven abogado interesado en que las personas con menos recursos puedan tener acceso a asesoría legal, fundaron Ross, el primer asistente legal con inteligencia artificial (IA), construido sobre la plataforma de Computación Cognitiva de Watson, de IBM. Ross está diseñada para agilizar y hacer más costeable el trabajo de los abogados.

Apenas un par de años atrás, Joshua Browder fue noticia cuando salió a la luz DoNotPay, el primer chatbot (una inteligencia artificial conversacional) legal que apelaba gratuitamente multas de estacionamiento en Nueva York y Londres. Browder explica que tales multas son impuestas a personas que difícilmente tendrían tiempo y recursos para impugnarlas, además de que la regulación es bastante obscura. Después comenzó a ofrecer asistencia para obtener reembolsos por vuelos atrasados en Europa y a los solicitantes de refugio en Estados Unidos y Canadá. Ahora asiste en demandas en 50 estados de Estados Unidos. Su meta es vencer a la burocracia.

En México también existe una inteligencia artificial legal. Su nombre es Max y brinda ayuda gratuita en materia laboral a través del messenger de Facebook y puede referir con un abogado humano si se requiere asesoría específica. 

Aunque la ley sea la expresión de las ideas de trato igualitario y justicia para todos, las vías de acceso pueden empantanarse en medio de trámites o cerrarse si no se tienen los medios económicos necesarios. Esos puntos parecen ser la motivación que tienen en común las inteligencias artificiales legales, mientras que su objetivo es democratizar el acceso al sistema jurídico, en otras palabras, que la justicia no opere en formas distintas dependiendo del estatus socioeconómico. 

Siendo que el origen de las leyes son las propias personas, resulta irónico que los impulsores de la IA legal enfaticen que estas tecnologías buscan centrarse en el usuario, es decir, en la persona para quien el mundo jurídico puede resultar una fortaleza ajena.  Pareciera que, como en el cuento “Ante la ley” de Kafka, el sistema legal está abierto sólo en apariencia.

El contacto entre las personas y las leyes es inevitable, pero por su poca claridad y la burocracia que las rodea, suelen ser esquivadas hasta que no queda otro remedio. Entonces se pasa por un trance que inicia desde el momento en que la persona dice “necesito un abogado” hasta que el asunto concluye.

Le llamo trance porque quienes siendo ajenos al mundo jurídico lo han experimentado pueden contar ese momento como uno de los más angustiantes en sus vidas. En ese punto es que la IA trae un cambio de paradigma con relación al encuentro con la ley. En lugar de evitarla, buscarla y acostumbrarse a su contacto porque, ahora sí, es para todos.

De esta manera, se hacen visibles las ventajas de estos servicios: por un lado brindan asesoría inmediata a cualquier persona y la empoderan al facilitarle el uso y control de ciertos servicios, y por el otro son herramientas que potencializan el trabajo de los abogados. Al respecto, existen voces que consideran que esta llamada democratización es en realidad un negocio en que el usuario intercambia sus datos por un servicio aparentemente gratuito y que si bien busca ayudar a poblaciones vulnerables éstas son, paradójicamente, las que menos acceso a Internet tienen.

El cambio de paradigma legal apenas ha comenzado y sus efectos, que por lo pronto se antojan mayormente positivos, están por verse.

Ana Paula Rumualdo es Asociada Senior en Hogan Lovells.