La competencia es deseable para que las empresas brinden productos y servicios de mayor calidad y a mejores precios. Lo anterior se logra siempre y cuando exista un terreno parejo para todos los participantes, en el que no se presenten distorsiones artificiales, ajenas a las de una sana competencia. 

En ese contexto, en el 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformaron y adicionaron varios artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando nacimiento a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como organismos constitucionales autónomos encargados de prevenir, investigar y combatir monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 

La Cofece y el IFT cuentan con facultades preventivas, sancionadoras y reguladoras en materia de competencia económica, tales como análisis y autorización de concentraciones (fusiones y adquisiciones); la investigación de prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas, así como la imposición de medidas para eliminar barreras a la libre competencia.

Para cumplir tales tareas, estas autoridades fueron dotadas de herramientas que les permiten presentarse en las instalaciones de cualquier empresa que participe en el mercado sobre el que se investigue a fin de recabar documentación, citar a declarar a cualquier funcionario, o bien, solicitar información que pudiera tener una antigüedad de hasta 10 años. 

En el 2017 la Cofece reportó la conclusión de 273 trámites, de los cuales 46 derivaron de investigaciones por prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas. En ese año, las multas impuestas por infracciones a la legislación en materia de competencia económica ascendieron a 3,656 millones de pesos. En ese mismo año, la Cofece presentó por primera vez ante la Procuraduría General de la República querella penal contra varias personas físicas. 

Lo anterior muestra la relevancia de que las empresas nacionales o extranjeras que participan en el país tengan pleno conocimiento de la regulación de competencia económica y adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a la misma. Asimismo, es esencial que sus funcionarios, a distintos niveles, conozcan los límites que les impone la legislación, pues su incumplimiento no sólo acarrea sanciones pecuniarias para las compañías y sus funcionarios, sino que estos últimos podrían ser inhabilitados para ejercer ciertos cargos o bien enfrentar procesos penales. Lo anterior, sumado a los procedimientos civiles (reclamo de daños y acciones colectivas) que pudieran iniciar los afectados en contra de los infractores a la legislación en materia de competencia.

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