En materia de prevención de lavado de dinero (PLD), es importante conocer las obligaciones que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entró en vigor desde el 17 de julio del 2013.

Esta ley tiene por objeto establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, por lo que establece obligaciones para aquellas empresas que realicen actividades consideradas como “vulnerables”, entre otras, compraventa o arrendamiento de inmuebles, tarjetas de prepago, créditos, y prestación de algunos servicios (incluyendo outsourcing), entre otras. 

Las principales obligaciones son, entre otras, la elaboración de un expediente de identificación (“Know Your Customer”) de los clientes y su beneficiario final, y en aquellos supuestos donde el valor de las actividades vulnerables supere los umbrales establecidos en la ley, se tiene que presentar un aviso a través del portal de PLD a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en que se haya realizado la operación.

En caso de incumplimiento, las sanciones podrían resultar muy onerosas para las empresas. Por ejemplo, si una inmobiliaria arrendara a uno de sus clientes un inmueble por una renta mensual de 3,210 UMA1  ($258,726 pesos) o más y no cumpliera con sus obligaciones, sería sujeto a las siguientes multas: 

Presentar avisos de forma extemporánea (se consideran extemporáneos aquéllos presentados a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que debió presentarse el aviso)

 Multa: hasta por $161,200 

  • Omitan presentar los avisos (aquéllos que no se hayan presentado en tiempo o de manera extemporánea) 

 Multa: hasta por $5’239,000

A cinco años de la entrada en vigor de la ley, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido multas por 1,966 millones de pesos a personas que no cumplieron con sus obligaciones de identificación y/o presentación de avisos en tiempo y forma.

Anticipamos que la aplicación de sanciones continuará en aumento en los próximos años, toda vez que México debe observar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) derivadas de la evaluación del 2018, en la cual se criticó la falta de aplicación de la ley por parte de las autoridades.

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