El Poder Judicial tiene que ser objeto de una revisión profunda, plantea enfático Diego Valadés.

El experto en derecho constitucional y miembro de El Colegio Nacional explica que no sólo el Poder Judicial como estructura orgánica debe ser revisado, sino en general todos los procedimientos de carácter jurisdiccional en el país.

En entrevista el investigador de la UNAM expone que en este momento lo que ya se ha podido corroborar es que la reforma en materia penal que estableció la oralidad de los juicios penales ha resultado “algo muy cercano al fracaso”.

El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dijo que se llega a esa conclusión porque no está dando los resultados que se esperaban.

En ese sentido, recordó que fueron muchos los especialistas en la materia que, en su momento, dijeron que el sistema había quedado incompleto, en tanto que no se había establecido la colegiación obligatoria de los abogados, no se había establecido una supervisión adecuada para las instituciones de educación profesional de abogados.

Comentó que actualmente hay más de 1,700 escuelas de derecho en el país, la mayor parte irregulares o deficientes.

Además, añadió, no se puso atención adecuada en la preparación, en forma de los cuadros de profesionales en el ámbito policial y del ministerio público para hacer frente a las necesidades de esta nueva modalidad de juicios.

Por eso es que el constitucionalista planteó que es necesario revisar la organización del Poder Judicial, pero hay que revisar también los procedimientos jurisdiccionales que están fracasando.

Llamó la atención que no es sólo un problema de recursos, sino que se trata de un problema de responsabilidad pública.

El haber querido hacer las cosas de manera precipitada, sin haber meditado a fondo todo lo que se requería y sin haber hecho todo lo que se necesitaba implica un acto de irresponsabilidad pública, indicó.

Por otra parte Valadés Ríos comentó que en este momento el único denominado contrapeso en el escenario político nacional, “así se le suele decir, aunque no corresponde a la realidad”, es el Poder Judicial porque muchos de los mecanismos de impugnación y de control, con relación a los que hacen el gobierno y el Congreso, es decir, los poderes Ejecutivo y Legislativo, se tramitan a través de acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales.

Eventualmente también en algunos aspectos, a través de juicios de amparo.

Sin embargo, dijo que eso no corresponde a la naturaleza del Poder Judicial, porque no es un órgano de control político, sino un órgano de control jurídico.

Por eso es el desbordamiento de las expectativas con el Poder Judicial, porque lo que no tenemos son instrumentos de control político.

Éstos debieron de haberse construido desde hace muchos años, desde que muchos mexicanos reclamábamos una reforma del Estado en la década de los 90 (del siglo pasado) y como no se hizo, lo que hoy tenemos es un poder altamente concentrado y un sistema de impunidad con relación a lo que dicen desde el poder quienes ocupan los cargos directivos, subsiste hoy igual que hace 50 años.

Acción de inconstitucionalidad

Las acciones de inconstitucionalidad son un medio de control constitucional. Esto significa que su finalidad es someter a examen una determinada norma jurídica frente a la Constitución. Los elementos que distinguen este medio de control constitucional frente a otros son:

  1. Que sólo lo deben ejercer órganos del estado.
  2. Que no se exige el planteamiento de una presunta afectación para poder ejercer este medio de control.
  3. Que siempre se contrasta una norma jurídica de carácter general (leyes federales, locales o tratados internacionales frente a la Constitución).

Perfil

  • Es licenciado en Derecho por la Universidad Classica de Lisboa y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, en la que obtuvo el grado con la calificación “Apto cum laude con premio extraordinario”. Su tesis doctoral “El control del poder” ha sido publicada (México, UNAM, 1998) y cuenta ya con varias ediciones, tanto en México como el extranjero (Rusia, Argentina y Venezuela).
  • Es Investigador Nacional nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde 1999; en el SNI ha sido miembro de la Comisión Evaluadora del Área de las Ciencias Sociales, así como de la Comisión de Honor.