La creación de un marco de protección más efectivo para los usuarios de servicios financieros se ha convertido también en un tema prioritario para las organizaciones civiles de protección al consumidor.

Hoy 15 de marzo, en el aniversario número 50 del surgimiento de los derechos de los consumidores a nivel mundial, las organizaciones civiles celebran colocando una nueva propuesta sobre la mesa: una ley de insolvencia familiar.

Esta ley consistiría en un mecanismo que se active cuando las finanzas familiares se deterioren por un suceso inesperado, como pérdida de empleo o gastos excesivos derivados de algunas enfermedades, explicó Alejandro Calvillo, director de la asociación El Poder del Consumidor, de modo que la protección al consumidor no sea un acto de voluntad de las instituciones sino una obligación, detalló en reunión con medios. Se tiene el propósito de crear una oferta de servicios financieros justa, segura y competitiva.

Hoy no existe algo como eso. El concepto me parece legítimo como tal, pero habría que tener mucho cuidado con ello porque con una propuesta como ésta podría haber abusos (por parte de los usuarios) , dijo Marco Carrera, vocero de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Lo que se ha trabajado es que haya mayor transparencia para que, con base en información, el usuario decida qué producto le conviene y cuál no , agregó.

Esta propuesta de ley todavía no está aterrizada en México, ya que se desprendería de una normatividad internacional todavía inexistente pero que se espera que se redacte en la próxima reunión del G-20.

ORGANIZACIONES VAN AL G-20

El pasado 4 de noviembre, en Francia, se integró un grupo de trabajo dirigido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y en él participan todos los países del G-20 en la redacción de lineamientos de protección al usuario de servicios financieros.

Este año, con México a la cabeza del grupo de los 20, Consumers International, federación mundial de organizaciones de consumidores, emitirá recomendaciones al comité de la OCDE para la redacción del nuevo marco normativo. Así, cada país se encargará de adaptarlo , dijo Labardini.

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