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Contribución de las reformas a los sistemas de pensiones
Por Amafore / Especial para El Economista
La primera reforma de un sistema de pensiones que tuvo como consecuencia la transición a un sistema basado en la capitalización individual, se llevó a cabo en Chile en el año 1981.
A partir de esa fecha, un gran número de países latinoamericanos y del mundo, incluyendo a México en el año de 1997, han efectuado reformas a sus esquemas pensionarios para realizar la transición a un modelo previsional basado en cuentas individuales.
En general, las reformas han tenido como premisa alcanzar la sustentabilidad en el largo plazo, establecer un vínculo entre aportaciones y beneficios, enfrentar el envejecimiento poblacional, reducir la carga fiscal de las pensiones y optimizar a través del rendimiento de los fondos la tasa de remplazo esperada de las pensiones.
En adición a los objetivos específicos, diversos expertos han manifestado que las reformas contribuyen a mejorar el desempeño económico a través de los siguientes factores:
Desarrollo del mercado financiero local.Incremento en el ahorro interno e inversión. Mejores prácticas de gobierno corporativo en las empresas.
Los sistemas de pensiones basados en la capitalización individual han contribuido al desarrollo de los mercados financieros a través de proporcionar mayor profundidad a los mercados locales y fomentar la oferta de instrumentos de inversión de largo plazo. Dichos efectos pueden ser cuantificados a través del incremento en el volumen de recursos intermediados y el aumento del número de operaciones en los mercados. Cabe mencionar que diversas organizaciones afirman que el desarrollo de los mercados financieros conduce a un mejor desempeño económico.
En Chile, después de 30 años de la reforma pensionaria, los fondos administrados representan 77% del PIB de ese país, mientras que el sistema mexicano ha acumulado en tan sólo 14 años 79% del tamaño de los fondos chilenos y se proyecta que para el 2030 dichos fondos representen 30% del PIB de México.
La demanda de instrumentos de inversión de largo plazo por parte de los fondos de pensiones permitió extender los plazos de financiamiento de la deuda soberana.
