La elevada incidencia y el carácter recurrente de las observaciones han derivado en un significativo importe pendiente de solventar por los gobiernos locales, que corresponde a observaciones que se encuentran en diversas fases del proceso de su gestión, de acuerdo al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior de la federación (ASF).

Así, en las observaciones del periodo del 2011-2015, las entidades con los mayores montos fueron Veracruz (34,057.1 millones de pesos), Michoacán (26,116.7 millones), Estado de México (20.190.6 millones), Jalisco (17,567.2 millones) y Chiapas (13,483.9 millones); en total se registraron 216,455.9 millones de pesos.

Esta cifra presenta el monto pendiente de solventar 2011-2014, el importe de procedimientos resarcitorios y el monto observado de la Cuenta Pública 2015.

Las observaciones de carácter económico son en las que se presume un daño o perjuicio, o ambos, así como presunta responsabilidad de infractores en cantidad líquida , según la ASF.

Las Auditoría agregó que el monto observado de la Cuenta Pública 2015 no incluye los montos operados aplicados al cierre de las auditorías correspondientes por 350.7 millones de pesos, ni el importe observado (126.9 millones) en la auditoría a las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en la Ciudad de México, del Ramo General 25

En este sentido, si concebimos a la gestión del gasto federalizado como un proceso integrado que abarca desde la transferencia de los recursos a las entidades federativas, hasta su ejercicio, es importante resaltar que la mayor proporción del monto observado se presenta en la recepción y el manejo de los recursos por las secretarías de finanzas locales, y que incluye la ministración a los entes ejecutores y a los municipios .

Particularmente en esta etapa se concentró 67.5% del monto observado (de 65,193.8 millones en total), el cual se explica por la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, recursos no entregados a los ejecutores y los recursos no ejercidos que continúan en las cuentas bancarias de los ejecutores , destaca el informe de la ASF.

Mientras 16.4% del monto observado se ubicó en la fase del ejercicio de los recursos y corresponde a irregularidades como la aplicación de los mismos en conceptos no previstos por la normativa; la falta de documentación comprobatoria; obra pagada no ejecutada o de mala calidad; y adquisiciones no entregadas, entre otras.

Ante este escenario, el analista del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, Kristobal Meléndez, refirió que dichas entidades obtuvieron bastantes observaciones, principalmente en el Ramo 33 (aportaciones federales).

Dijo que las aportaciones, todos estos apoyos sociales que se entregan o recursos que están etiquetados, algunas veces no son claros los beneficiarios y se recurre a empresas fantasmas en las cuales supuestamente en algunos estados como en Veracruz los recursos que son para asistencia social no se entregaron.

Los recursos de esas aportaciones, explicó, se distribuyen a través de reglas que establece la Ley de Coordinación Fiscal dependiendo del nivel de pobreza o de ciertas carencias en servicios; hay reglas de operación; sin embargo, acotó, no se transparentan los gastos que se asignarán porque no hay reglas de transparencia con respecto a destino final de los recursos.

Medidas

El coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, Héctor Magaña, comentó que alguna de las medidas que deberían aplicarse para evitar observaciones es contar con una manera de comprobar o auditar los recursos que se están empleando y destinando a las diferentes entidades y ver que lo que se ha presupuestado se esté llevando realmente a cabo la ejecución de estos recursos.

Agregó que algunas de las penalizaciones que se podrían llevar a cabo, si es que estos recursos no se están ejecutando de la manera en que fueron presupuestados, es la cancelación del envío de ciertos recursos a nivel federal a estas entidades para que una vez que cumplan con este castigo se evite el desvío de recursos hacia otras actividades ilícitas.

De las observaciones 2011-2015, las entidades con menores montos fueron Yucatán (1,283.0 millones de pesos), Colima (1,050.7 millones), Campeche (957.9 millones) y Tamaulipas (937.3 millones).

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