Monterrey, N.L.- Diputados de Movimiento Ciudadano y del PAN, integrantes de la Comisión de Anticorrupción buscan recabar pruebas para integrar un expediente penal contra ex funcionarios de Agua y Drenaje de Monterrey, por pagos indebidos por un millón de dólares, sobrecostos en la obra hidráulica de Monterrey VI, y otras irregularidades.

El diputado Samuel García, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, explicó que solicitaron al Juez Primero en Materia Administrativa, copias de las pruebas que presentó un grupo de ONG, contra Agua y Drenaje de Monterrey, a través de un juicio de amparo.

Estas organizaciones señalaron que los ex funcionarios de esa dependencia de manera ilegal hicieron pagos por 1 millón de dólares a particulares , para estudios de viabilidad, publicidad y mercadotecnia del proyecto Monterrey VI, afirmó Samuel García.

Relató que el juez les entregó copia de tres documentos que les permitirán integrar un expediente penal, contra quien resulte responsable: entre ellos, el contrato de Asociación Público-Privada para la prestación de servicio de entrega de agua en bloque del acueducto Monterrey VI y el manifiesto de impacto ambiental.

Buscarán más pruebas

A su vez, el diputado panista Ángel Barroso, presidente de la Comisión de Anticorrupción, agregó que buscan profundizar en el análisis de estas pruebas, ya que en el juicio de amparo que promovieron ONG, entre ellas Reforestación Extrema, se presume que en el manifiesto ambiental del proyecto de Monterrey VI, trae datos falsos y cifras infladas .

También en estos documentos se hace referencia al sobrecosto estimado de la obra hidráulica que traería agua a Monterrey, desde el Río Pánuco, en San Luis Potosí, a través de 372 kilómetros de Longitud, que inicialmente era de 17,000 millones de pesos.

El argumento es que cuando se adjudicó la construcción del acueducto al consorcio de cinco empresas, a las que pagaría (Agua y Drenaje) 46,980 millones de pesos, a los neoloneses les iba a costar 145 millones de pesos mensuales por 27 años , agregó el diputado Ángel Barroso.

Cabe recordar que en septiembre de 2014, Agua y Drenaje otorgó al consorcio formado por una filial de Grupo Higa, ICA, Desarrollos Rogar, Recsa Concesiones y Productos y Estructuras de Concreto; el contrato para construir el acueducto Monterrey VI.

Sin embargo, para que pueda proceder cualquier juicio político , se requiere tener pruebas fehacientes contra quien resulte responsable, así como ratificar la denuncia a los tres días, dijo Barroso.

Lo que puede ocurrir, una vez que se realice el análisis, es que haya sanciones administrativas que terminan con una multa, destitución, inhabilitación y sanción a los servidores públicos que sean responsables; sin embargo, para que proceda una denuncia penal es necesario que el Congreso lo apruebe por dos terceras partes, afirmó Samuel García.

mfh