Ante la exigencia de que el gobierno federal intervenga a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el caso Dragon Mart, la delegada de esa dependencia en Quintana Roo, Gabrela Lima Laurents, reponde: Nuestra actuación inició y concluyó con la inspección que Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) realizó en el predio donde se pretende realizar el proyecto; al no encontrarse riesgo ambiental y determinarse que es un asunto del ámbito estatal, no tenemos nada más qué hacer, punto .

En alusión al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) que asegura que el Dragon Mart implicará la construcción de una desalinizadora además de ubicarse sobre el sistema de aguas subterráneas de la península de Yucatán a menos de 3,500 metros de la costa y de un área natural protegida, todo lo cual hace de éste un proyecto que entra en la esfera federal, Lima Laurents responde: Los argumentos de Cemda están mal fundamentados; hay ordenamientos, hay leyes, y en la lógica de Cemda, tendríamos que evaluar todo lo que se hace en el estado, sin embargo, todos los ambientalistas y abogados saben que tenemos un límite de facultades, y en este caso, ya dimos por concluido que el predio en cuestión tiene un historial de haber sido impactado previamiente, y no hay vegetación que entre en el ordenamiento federal.

Al ser cuestionada sobre respecto a que si el proyecto tiene viabilidad en el ámbito estatal, prefirió reservarse sus comentarios.

Ayer mismo, la Asociación Civil Fundadores de Cancún AC continuó con la repartición de trípticos en los que llama a una movilización el próximo domingo desde Cancún que concluirá con la clausura simbólica del proyecto y el llamado a las autoridades a negar los permisos para la construcción de este recinto comercial de 122 000 metros cuadrados que se pretende construir en el predio El Tucán cercano a la alcaldía de Puerto Morelos, municipio de Benito Juárez (Cancún).