El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó otorgar un aumento general a los salarios mínimos de las dos áreas geográficas para el 2015 de 4.2 por ciento.

La Conasami informó que en el área geográfica B, donde se ubica el estado de Querétaro, el salario mínimo general será de 66.45 pesos diarios.

Éste aplicará también en los estados de Aguascalientes; Campeche; Coahuila; Colima; Chiapas; Durango; Guanajuato; Hidalgo; Michoacán; Morelos; Nayarit; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa; Tabasco; Tlaxcala; Yucatán, y Zacatecas; así como en municipios específicos de Chihuahua; Guerrero; Jalisco; Estado de México; Nuevo León; Sonora; Tamaulipas y Veracruz que no estén en el área geográfica A.

Para el área geográfica A, el salario mínimo será de 70.10 pesos diarios. Esta área comprende al Distrito Federal y su área metropolitana, los estados de Baja California y Baja California Sur, así como las ciudades de Acapulco; Ciudad Juárez; Guadalajara y su área conurbada; Monterrey y su área metropolitana; Hermosillo; Matamoros, y Reynosa, entre otros.

En lo relativo a los salarios mínimos profesionales, la Comisión indicó que se aumentarán en la misma proporción en que lo hicieron los mínimos generales para las dos áreas geográficas mencionadas.

Basilio González Núñez, presidente de la Conasami, informó que al no concluir el proceso legislativo de aprobación del Proyecto de Decreto por el que se reformarán diversas disposiciones de la Constitución, en materia de desindexación del salario mínimo, no se está en posibilidad de que el salario mínimo reinicie un proceso de recuperación gradual.

Lo anterior, debido a que su utilización como unidad de cuenta, base o medida de referencia constituye una atadura que lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores puede convertirse en un factor que los perjudique, explicó.

Mencionó que este aspecto es particularmente grave si se considera que casi 5 millones de trabajadores tienen contratados créditos hipotecarios con los institutos de vivienda federales, quienes verían incrementado el saldo total de su adeudo, lo que pondría en riesgo su patrimonio.