Por lo menos 80 millones de pesos (con IVA incluido) se gastaron en trabajos previos a la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV) México-Querétaro desde el 2013, no obstante que el proyecto no era autofinanciable y se suspendió indefinidamente.

Ayer en entrevista radiofónica, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, reconoció que la obra del TAV requería subsidios por 48,000 millones de pesos, lo que hacía que el proyecto no fuera autofinanciable.

Agregó que para dar soporte financiero al país, el proyecto no se contempla reanudar en los próximos dos años a pesar de que el proyecto ya estaba registrado ante Hacienda para su ejecución.

Con base en las licitaciones publicadas por la Dirección de Transporte Ferroviario y Multimodal (DTFM) en poco más de un año se destinó un monto de 78.2 millones de pesos al pago de un testigo social y cuatro firmas-Prointec, Cal y Mayor y Asociados, Estrategias en Infraestructura y Territorio y Romero Macgregor y Asociados- para la ejecución de los estudios de preinversión, la asesoría y seguimiento de los mismos, la liberación del derecho de vía y la verificación y revisión de ésta.

Además, en el proceso participó como evaluador Ingeniería y Economía del Transporte, de la que se desconoce el monto que pagó el gobierno mexicano por sus servicios.

El viernes pasado, la SHCP anunció un recorte al gasto público que implicó la suspensión indefinida del TAV y la cancelación definitiva del Tren Transpeninsular.

Ante dicha información, la respuesta de China Railway Construction Corporation (CRCC) no se hizo esperar.

El lunes, la firma, que lideró el consorcio ganador de la primera licitación para realizar el proyecto y cuyo fallo fue revocado, informó que ya negocia con el gobierno mexicano reclamos económicos derivados de la suspensión indefinida del proyecto.

Meng Fengchao, presidente de la paraestatal china, refirió que cualquier progreso significativo será informado en su momento .

En la cancelación del fallo anterior, la DTFM informó que los gastos no recuperables serían cubiertos por la dependencia; sin embargo, aseguró que ninguna de las integrantes del consorcio presentaron reclamos económicos en el tiempo establecido.

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