La propuesta del presidente de la República de reducir el número de salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que atenderán y sancionarán los actos de corrupción por parte de funcionarios y particulares, limita aún más el alcance del Sistema Nacional Anticorrupción, incluso cuando éste se mantiene incompleto, advirtieron especialistas.

Para la académica y coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Fabiola Navarro, el pretender que sea una sola sala especializada, y no cinco, la que conozca de la totalidad de los casos de corrupción suena prometedor, pero se corre el peligro de que exista una saturación, al tiempo que, dijo, es preocupante que se pretenda modificar el diseño del sistema cuando todavía no ha terminado de implementarse o probado su efectividad.

En días pasados, después de afirmar que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue una simulación, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá que sólo haya una sola sala nacional del TFJA “que atienda todo” lo relacionado con corrupción.

“Los diseños hay que ponerlos a prueba, dejarlos acentuar y solamente con el estudio de tiempo, con resultados e indicadores, es como se puede tomar decisiones”, expresó Fabiola Navarro.

Consideró que al ser la austeridad la razón de la propuesta del presidente López Obrador, se debe tomar en cuenta que el ejercicio de los derechos cuesta recursos, ya que para poder instrumentarlos y hacerlos efectivos, es necesario contar con instancias y eso supone estructuras, personas y capacitación.

“Esas instancias también son las que pueden fallar asuntos donde se condena a la reparación del daño y restitución de lo que se tuvo de manera indebida y pago de multas”, recordó la experta.

Eliminación de salas, facultad del Comité Coordinador

La maestra en leyes explicó que el nombramiento de los llamados magistrados anticorrupción se debe considerar una pieza fundamental para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que a ellos les corresponderá conocer los casos graves de faltas administrativas de un país donde el tamaño del problema de corrupción es muy grande.

Sin embargo, explicó que a pesar de ser indispensables, la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sí prevé la creación o la supresión de salas especializadas, pero sólo bajo la orden del Comité Coordinador del SNA.

“Lo que dice la ley es que el pleno de este Tribunal Federal, cada cinco años, debe presentar un diagnóstico tanto cuantitativo como cualitativo sobre el trabajo de las salas especializadas en responsabilidades administrativas al Comité Coordinador del SNA, para que éste decida la supresión o el aumento de salas”.

Por ello, insistió que el TFJA, al ser un órgano jurisdiccional autónomo, tanto en su diseño, estructura y funciones, su modificación no entra en la competencia del presidente, además de que “no es conveniente que el Ejecutivo, por diseño constitucional, intervenga en el diseño o la integración orgánica de otros poderes u órganos autónomos”.

Fabiola Navarro también recordó que una de las virtudes que tiene el SNA, pese a todas las mejoras que se le pudieran hacer, es que su diseño no es la voluntad de un presidente, sino un gran acuerdo político que suma a otros poderes del Estado y otras instancias, que incluye un lugar para los ciudadanos.

Nombramientos, sin prioridad

Marce Itzel Checa Gutiérrez, integrante del Observatorio de Designaciones Públicas, recordó que desde abril del 2017, en el sexenio pasado, se mantienen pendientes en el Senado los nombramientos de 18 magistrados que integrarán las salas especializadas para faltas administrativas.

Opinó que el proceso de nombramientos ha estado marcado por fuertes omisiones, al grado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó el año pasado al Senado avanzar.

“El Senado no ha tomado con seriedad este tema. Ha sido un proceso accidentado, no ha habido información completa, ha sido un proceso que se ha complicado darle seguimiento, justamente porque hay información parcializada”.

Además, Checa Gutiérrez coincidió en que lo grave del tema es que el SNA sigue sin completarse a casi cuatro años de su creación.

“Pareciera contradictorio en el sentido de que se pone en la agenda, al menos del Ejecutivo federal, mucho énfasis al combate a la corrupción, pero justamente esta instancia que se creó para hacerle frente está de alguna forma desangelada y no se ha terminado de instalar”.

La especialista indicó que ante la propuesta de reducir las salas anticorrupción, es necesario un análisis que permita afirmar que esto traerá beneficios, ya que aunque está parado el proceso de designación, las declaraciones del presidente suponen que no es de interés o una prioridad para él.

“Estos nombramientos son claves no sólo para el SNA, sino para el combate a la corrupción ante las facultades que tienen para sancionar a servidores y particulares”, anotó.

Fernanda Galicia, directora de Mexiro AC, una organización que ha dado seguimiento a la implementación de los sistemas locales anticorrupción, advirtió que la propuesta del presidente López Obrador es un intento de minar al SNA.

“Al no tener los nombramientos de los 18 magistrados, si bien no pueden desaparecer aunque lo mencione el presidente, obviamente siguen corriendo estas omisiones sistemáticas contra el SNA y vemos el peligro de que no se conforme tal cual”, lamentó.

Por otra parte, indicó que los sistemas locales no se han consolidado.

“En el marco de la pandemia, (los sistemas locales) no son actores líderes en este tema; hay muy pocos comités de participación ciudadanos que se han pronunciado para tener auditorías en tiempo real, o acciones para detectar posibles casos de corrupción. Todavía son sistemas debilitados en general”, enfatizó.

Pendientes dentro del sistema

• El nombramiento de tres magistrados para integrar una Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

• El nombramiento de 15 magistrados para la conformación de cinco salas regionales especializadas adscritas al TFJA.

• Conformación en su totalidad del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

• Integración del Comité de Participación Ciudadano del estado de Baja California.

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