Monterrey, NL. El papel de ProMéxico hasta el 30 de noviembre será el de seguir apoyando a las empresas con el proyecto que se ha trabajado y que ha generado logros muy interesantes; por ello se recomienda al próximo gobierno darle continuidad, afirmó Alejandro García Delgado, director Ejecutivo de Promoción Nacional de ProMéxico.

“El papel de México hasta el 30 de noviembre será seguir apoyando a las empresas, con el proyecto que hemos estado trabajando y nuestra recomendación al nuevo gobierno es que se diera continuidad”, comentó García Delgado, al término de la presentación de la Modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea.

Destacó que hay cosas muy buenas que se han hecho, “las empresas hablan por nosotros, hay logros muy interesantes, los números nos acompañan, se ha hecho un trabajo espectacular y la recomendación es continuar con lo que se tiene”, recalcó.

Cabe mencionar que en 2017 ProMéxico indicó que en sus primeros diez años ha beneficiado a 15,000 empresas con apoyos y servicios.

De 2008 al primer trimestre de 2017 atrajeron 1,126 proyectos de IED, representando inversiones por 109,000 millones de dólares, lo que generó 400,000 empleos.

Asimismo de 2011 al primer trimestre de 2017, se apoyó a 3,600 proyectos de exportación.

Dijo que, es entendible que estén buscando ahorros y que la austeridad es prudente en la situación en la que se encuentra el país.

“Sin embargo, valdría la pena que se tomaran en consideración las buenas prácticas y los buenos resultados que hemos tenido (…), ya será decisión de la nueva administración cuál será el destino que le quiera dar (a ProMéxico).

Acuerdo Global

Aseguró que es importante resaltar que no es solo un acuerdo comercial, es un acuerdo global, con partes de política, de cooperación, de diálogos, y obviamente una parte importante de comercio.

Ya sea por la parte comercial o la parte de cooperación es claro que el acuerdo va a facilitar las inversiones de empresas mexicanas en países la Unión Europea y es por eso que tiene el artículos sobre la protección de inversiones, desarrollo sustentable, transparencia y buenas prácticas en regulación, medidas de anticorrupción, entre otras.