Durante el año pasado, Puebla fue el estado que registró el mayor probable daño a la hacienda pública federal en el ejercicio del gasto federalizado del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), perteneciente al Ramo 23, por un monto de 2,330.4 millones de pesos. Además, esta entidad obtuvo el coeficiente más alto en el indicador monto observado/muestra auditada.

Es importante recordar que, en el gasto federalizado programable (son las aportaciones federales, los convenios de descentralización y de reasignación y los subsidios), el mayor monto observado en fondos y programas, cuyo destino está condicionado en los términos establecidos por su normativa, fue el Fortafin, por 7,431.5 millones de pesos, de un total 23,389.2 millones.

De acuerdo con el informe Gasto Federalizado: Resultados de su Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para la primera y segunda entregas de los informes individuales se realizaron 33 auditorías al Fortafin, de las cuales 32 correspondieron a entidades federativas y una a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La muestra incrementó 17.0%, al pasar de 37,491.5 millones de pesos a 43,859.5 millones, a pesar de que el universo disminuyó 7.5% anual debido a una caída en el presupuesto del Ramo 23.

En términos de contribución, la muestra auditada con relación al universo seleccionado fue de 86.9%, frente a 68.8% de la Cuenta Pública del 2017.

El monto global observado en las auditorías al Fortafin y reportado en las cédulas de resultados finales a los entes auditados fue de 24,805.5 millones de pesos. Sin embargo, se logró solventar 17,374.0 millones antes de la presentación de resultados finales.

De tal manera, el monto total observado en las auditorías al Fortafin ascendió a 7,431.5 millones de pesos, compuesto por un monto por aclarar de 7,101.3 millones y recuperaciones operadas por 330.2 millones, correspondientes a reintegros a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Por entidad, Puebla presentó el mayor monto observado, con 2,330.4 millones de pesos, (31.4% del monto total observado en el fondo); le siguieron el Estado de México con 1,034.3 millones (13.9%), y Michoacán con 843.7 millones (11.3 por ciento).

“Cabe mencionar que en la auditoría a nivel central, respecto de la gestión del Fortafin 2018 por parte de la SHCP, como dependencia coordinadora del fondo, no se determinaron observaciones vinculadas con recuperaciones”, aclaró la ASF.

El indicador monto observado/muestra auditada del Fortafin alcanzó un valor de 16.9%; el promedio nacional fue de 14.3 por ciento. Las mayores relaciones se mostraron en Puebla (79.9%), Colima (48.8%) y Guanajuato (38.8 por ciento).

Irregularidades

En el monto total observado en las auditorías practicadas al Fortafin se asoció principalmente la irregularidad de falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, por 6,432.5 millones de pesos (86.6% de los recursos observados).

Al interior de este concepto, Puebla participa con 36.2% de lo observado, Michoacán con 12.2%, Estado de México con 10.9% y Coahuila con 10.2 por ciento.

Otra irregularidad fueron los recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin reintegrar a la Tesofe, por 786.6 millones de pesos, que representaron 10.6% del monto total observado. En este rubro, el Estado de México significó 35.1%, Sinaloa 11.7%, San Luis Potosí 9.2% y Ciudad de México 8.2 por ciento.

También sobresalió la obra pagada no ejecutada o de mala calidad, por 92.4 millones de pesos, equiparable a 1.2% del total observado. En dicho apartado, 27% correspondió a Coahuila.

“De manera particular, en 13 estados más de 50.0% de los recursos observados por la falta de documentación justificativa y comprobatoria tuvo su origen en los municipios. En los casos de Morelos, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Chihuahua, Veracruz y Zacatecas, dicho porcentaje ascendió a 100.0%”, detalla el informe de la Cuenta Pública 2018.

Causas

Según la Auditoría Superior de la Federación, la gestión del fondo presenta irregularidades, las cuales en algunos casos derivan de problemas estructurales, como que “los recursos del Fortafin se otorgaron por medio de subsidios a las entidades federativas y se formalizaron mediante convenios firmados con la SHCP. Sin embargo, no se establecieron lineamientos, reglas de operación u otras disposiciones para normar la asignación y destino de los recursos otorgados”.

“En los convenios formalizados no se establecieron calendarios de ejecución ni se especificó un destino particular de los recursos por rubro, partida o capítulo del gasto, por lo que los recursos se ejercieron a discreción de las entidades federativas y entes ejecutores a los cuales se le transfirieron, como municipios y otros organismos descentralizados”, añade el informe.

Por concepto de irregularidad, se identificaron las causas principales de la falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto: “Problemas en el control documental, la falta de consolidación de la información al interior de los entes, así como una imperfecta coordinación entre los responsables del envío de información y los ejecutores, entre otros, son factores que no sólo dificultan la trazabilidad en la identificación de los recursos, sino que también limitan la capacidad de los ejecutores para garantizar la existencia de la documentación justificativa y acreditar la comprobación del gasto”.

No hay planteamiento

La ASF presentó áreas de mejora en la gestión de los recursos del Fortafin, destacando que no existe un planteamiento sobre el problema o necesidad de atender con el programa, ni la justificación de la creación y del diseño del fondo; no se identifica la alineación del fondo a las metas y estrategias nacionales; no se define la población potencial, el objetivo ni los mecanismos de elegibilidad, y no se cuenta con información socioeconómica de la población atendida con recursos del programa.

Además, faltan mejores indicadores y metas que permitan medir el impacto del programa y los convenios para el otorgamiento de los recursos del Fortafin no presentan un calendario de ministración ni de ejecución.

Algunas recomendaciones para apoyar una adecuada gestión de los recursos de fondos con objetivos similares a los que tuvo el Fortafin, esto en virtud de que para el 2019 desapareció del Ramo 23, considerado discrecional, son que estos esquemas tengan reglas claras de distribución de recursos entre las entidades, así como los proyectos que se pueden financiar por medio de los fondos, y que los objetivos se acoplen a las necesidades de liquidez de los estados para que los fondos sea una herramienta que fortalezca las finanzas públicas locales.

Asimismo, se sugiere que se oriente a las entidades sobre errores recurrentes para evitar su reincidencia en el futuro y que se difundan en mayor medida a la sociedad los fines de los fondos para que se conozca en qué se gastan.

Definición

El Fortafin es parte del Ramo 23 en su componente federalizado, que a su vez es parte de los subsidios y del gasto federalizado programable.

Este fondo tiene como objetivo atender las solicitudes de recursos de las entidades y, en su caso, de sus municipios para fortalecerlos financieramente, así como para impulsar la inversión.

En el 2018 fueron ejercidos por el fondo 50,172.1 millones de pesos, es decir, 48.8% de los 102,831.1 millones del Ramo 23 federalizado.

El monto aprobado originalmente del Fortafin fue de 2,537.8 millones de pesos, por lo que la cifra ejercida incrementó en 1,877.0% respecto del aprobado. El importe ejercido en el 2018 se redujo 9.0% en relación con 55,116.4 millones reportados en el 2017.

¿Qué es el Fortafin?

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero es parte del Ramo 23 en su componente federalizado.

Su objetivo es atender las solicitudes de recursos de las entidades federativas y, en su caso, de sus municipios, para fortalecerlos financieramente, así como para impulsar la inversión.

Áreas de mejora

No existe un planteamiento sobre el problema de atender con el programa, ni la justificación de la creación y el diseño del fondo; no se identifica la alineación del fondo a las metas nacionales; no se define la población potencial, el objetivo ni los mecanismos de elegibilidad, y no hay información socioeconómica de la población atendida.

Recomendaciones

• Una de las recomendaciones para apoyar una adecuada gestión de los recursos de fondos con objetivos similares a los que tuvo el Fortafin, en virtud de que para el 2019 desapareció del Ramo 23, es que estos esquemas tengan reglas claras de distribución de recursos entre las entidades federativas, así como los proyectos que se pueden financiar por medio de los fondos.

• Que los objetivos se acoplen a las necesidades de liquidez de los estados para que los fondos sean una herramienta que fortalezca las finanzas públicas estatales.

• Que se oriente a las entidades federativas sobre errores recurrentes para evitar su reincidencia en el futuro.

• Que se difundan en mayor medida a la sociedad los fines de los fondos, para que se conozca en qué se gastan.

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