Tijuana, BC. En Baja California proponen elevar a nivel federal la recién aprobada ley de proveeduría para fomentar la industria de los insumos y que las compañías adquieran las bases de sus producciones con las empresas locales a través de beneficios fiscales.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tijuana, Marcello Hinojosa Jiménez, dijo que propusieron a legisladores federales y candidatos que la ley se eleve a nivel federal para fortalecer la industria nacional.

Indicó que están en espera de su publicación en el Periódico Oficial del estado para poner en funcionamiento el consejo que definirá las políticas públicas en esa materia.

Agregó que el propósito es transitar a la integración de cadenas productivas que fortalezcan la economía regional, a través del fortalecimiento de la proveeduría.

Según Canacintra, las maquiladoras en el estado compran sólo 2% de insumos locales y con la ley se fijaron como meta incrementar el consumo hasta 30%, representando 293 millones de dólares anuales para beneficio de la región, por cada punto porcentual que se aumente.

Hinojosa Jiménez explicó que la normativa contiene beneficios de incentivos en impuestos como el Predial, el Impuesto sobre Nómina y otros, así como pagos de consumo de agua, de los servicios del Registro Público de la Propiedad, y de elevarse a nivel nacional, se sumarían reducciones en el Impuesto sobre la Renta.

Lo anterior, ahondó, repercutirá en generar más empleos con mejores ingresos para los trabajadores, así como mayor circulación de pagos de impuestos y al sustituir los productos que ahora se importan se fortalecerá la industria nacional.

“También se estará blindando a la región y al país contra el inminente aumento de desempleo por el uso de robots y nuevas tecnologías, pues se puede acompañar de esta ley las estrategias de emprendurismo y capacitar a los trabajadores en el uso de los avances tecnológicos”, indicó.

El presidente de Canacintra precisó que cada punto porcentual de sustitución de productos extranjeros por los fabricados en la propia región significa un ahorro de 337 millones de dólares, cuyo objetivo es llegar a 3 o 4 puntos.

“Llevamos 10 años de retraso en la digitalización de todos los trámites de apertura de empresas y renovación de permisos, entre otros. Con esta nueva normatividad están protegiéndose para que un Consejo Ciudadano esté vigilante de esos procesos”, advirtió.

[email protected]