Monterrey, NL. El gobierno de Nuevo León promoverá la participación de empresas privadas en proyectos prioritarios de obra pública. Además, las compañías podrán hacer propuestas para proyectos de inversión.

Lo anterior se estableció durante la sesión del Comité de Análisis y Evaluación de Proyectos de Asociación Público Privada (APP), el cual tiene su fundamento en la ley de APP para Nuevo León.

El secretario de Finanzas y tesorero general del estado, Carlos Garza Ibarra, explicó que este comité tiene como objetivo potenciar, con la participación del sector privado, la inversión en proyectos prioritarios para atender las necesidades de la población de Nuevo León.

En la sesión se presentaron las reglas generales para el contenido de estudios previos para determinar la viabilidad de la APP, así como los lineamientos para la presentación y análisis de las propuestas no solicitadas.

Esta normatividad establece las bases para la identificación, estructuración y preparación de proyectos de inversión pública, que incluyan financiamiento privado.

Lo anterior permitirá a las dependencias estatales desarrollar en forma adecuada el proceso de preparación de los proyectos APP y determinar su viabilidad.

En esta reunión participaron los demás integrantes del comité: los secretarios de Economía y Trabajo, Roberto Russildi Montellano; de Infraestructura, Jesús Humberto Torres Padilla, y de Desarrollo Sustentable, José Manuel Vital Couturier.

Así como el encargado del Despacho de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Jesús Hernández Martínez, y el procurador fiscal, Ulises Carlín de la Fuente.

Valor

Nuevo León ocupa el primer lugar en el ranking estatal por su contribución al valor total de producción de las empresas constructoras a nivel nacional, con 10,478.1 millones de pesos de inversión pública y privada al primer trimestre del 2018, de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

El presidente de CMIC Nuevo León, José Francisco Gutiérrez Cantú, comentó que seguirán insistiendo en la necesidad de incrementar la asignación y ejecución de recursos públicos para construir infraestructura en el estado.

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