En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 los estados y municipios se vieron beneficiados con más recursos.

Antes de que la Cámara de Diputados aprobara el PEF del siguiente año, gobernadores y presidentes municipales reclamaron más dinero público a pesar de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) se preveía un incremento de 39,200 millones de pesos en el gasto federalizado para el próximo ejercicio fiscal, en comparación con el PEF 2018.

El reclamo provenía del recorte al Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas, por 43,467 millones de pesos.

Este ramo es considerado como la caja negra del presupuesto debido a que algunos de sus fondos carecían de reglas de operación, por lo que “bajar” recursos del Poder Legislativo se le facilitaba a las administraciones subnacionales.

En el PEF 2019, se aprobaron para las participaciones (Ramo 28) y las aportaciones (Ramo 33), que representan alrededor de 90% del gasto federalizado, aumentos, en relación con el PPEF, que en conjunto suman 7,057 millones de pesos.

El Ramo 28, del gasto no programable y cuyos recursos dependen de los niveles de recaudación —se determinan por la actividad económica y petrolera—, quedó en 919,817 millones de pesos; es el rubro de mayor monto que se transfiere a los gobiernos locales.

Mientras el Ramo 33, integrado por fondos para combatir el rezago social, en educación, infraestructura, financiero y salud, registró un incremento de 1,736 millones de pesos; llegó a un total de 735,759 millones.

Este ascenso se dio en los fondos para fortalecimiento de estados y municipios, múltiples e infraestructura social.

Los fondos de las aportaciones que no sufrieron modificaciones fueron: Servicios de Salud, Seguridad Pública, Nómina Educativa y Gasto Operativo y Educación Tecnológica y de Adultos.

Los cambios en participaciones y aportaciones fueron los más importantes en el PEF 2019 para estados y municipios. Sin embargo, el reclamo sobre la disminución en el Ramo 23 no se reflejó, ya que se mantuvo igual que en el PPEF, en 112,997 millones de pesos —se eliminaron 14 de 30 fondos—.

Las transferencias del apartado de Provisiones Salariales y Económicas significan, en promedio, menos de una décima parte de los ingresos totales de las entidades.

El dinero proveniente del Ramo 23 se utilizaba en algunos casos para proyectos de infraestructura o cubrir un déficit financiero, pero en otros se desconocía el destino, era una bolsa discrecional.

Además, las cifras no coincidían al final de cada ejercicio fiscal. Por ejemplo, En el PEF 2017 se asignaron 131,866 millones de pesos para este ramo, mientras las estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelan que se ejecutaron 131,821 millones. Transparencia Presupuestaria registra que el año pasado los recursos modificados fueron por 387,500 millones de pesos, un monto superior en más de 190% en ambos datos.

Otros rubros

De los programas locales que se modificaron al alza en el PEF 2019, destacan el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (de 3,665 millones de pesos proyectados a 6,175 millones aprobado), subsidios para el programa hidráulico (de 2,264 a 5,764 millones) y subsidios para organismos descentralizados estatales (de 58,648 a 61,019 millones).

No fueron modificados los recursos en proyectos de Asociación Público Privada (compromisos plurianuales) y en conservación y mantenimiento carretero.

Preocupación por la recaudación

Presupuesto tiene enfoque social, coinciden especialistas

Una agenda con enfoque social y problemas con la recaudación de impuestos son las dos vertientes que prevalecerán para el 2019, ante el aumento de recursos en participaciones y aportaciones para los estados y municipios en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, coincidieron especialistas.

José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), explicó que el gobierno federal busca generar un nuevo esquema social; sin embargo, la factibilidad de un crecimiento se coloca en duda por los recortes al Ramo 23 y la creación de beneficios fiscales para el norte del país.

“En parte, el aumento de recursos a los estados y municipios nos plantea que se piensan resolver afectaciones y ayudar a la población más marginada. Es evidente que se busca una agenda de desarrollo social, por ello se prioriza el desarrollo de la infraestructura básica y programas sociales. Sin embargo, hay que ver qué tan factibles son las metas, porque si hay problemas con la recaudación el siguiente año, no se podrá mantener esa agenda”, manifestó.

Por su parte, Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), detalló que los estados y municipios recibirán mayores montos por la Ley de Coordinación Fiscal, pero es necesario estar atentos al efecto de disminución que habrá porque existe el peligro de no lograr una recaudación positiva.

“Entre más ingresos tenga la Federación por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), además del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), comercio exterior, entre otros, los estados tienen derecho a un estimado aproximado de 30% de todo. Con este ajuste se tienen más participaciones y aportaciones para los estados”, expuso Meléndez Aguilar.

Reducciones

El analista del CIEP dijo que el Ramo 23 tiene recortes importantes, lo cual trae un impacto fuerte, puesto que hay recortes para migrantes, para el desarrollo urbano, cuidado de fronteras, además del Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México.

Héctor Magaña Rodríguez, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, anunció que no está tan seguro de que se haya considerado la creación de la zona libre en el norte del país para la recaudación.

“Se aumentaron las participaciones y aportaciones, pero eso no asegura que la Federación esté contemplando la zona libre económica y la recaudación. No es tan claro que se haya hecho y eso se debe analizar”, sostuvo el director del CIEN.

Eufemia Basilio Morales, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que no se ha considerado la menor recaudación que se tendrá por la disminución del IVA e ISR en la frontera norte, ya que el hecho de disminuir cargas impositivas representará una desaceleración de los ingresos federales vía participaciones.

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