A fin de enfrentar el actual panorama de crisis en el que se encuentran sumergidos los diferentes sistemas locales de transporte público, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) México, autoridades estatales y empresarios del sector presentaron la propuesta de un programa de apoyo financiero.

Durante el evento Impactos del Covid-19 y prioridades para la recuperación del transporte público en México, Fernando Páez, director de Movilidad Urbana de WRI México y Colombia, explicó que la pandemia ha golpeado el sistema de transporte público latinoamericano, el cual ya se encontraba en una fase de precariedad y vulnerabilidad.

Sin embargo, hay países latinoamericanos que enfrentan colapsos y suspensiones de diferentes servicios de transporte. Uno de estos casos es México, cuyas entidades federativas presentan un agotamiento de los modelos financieros de los transportes públicos.

Entre los impactos, indicó, destacan que solamente en el 2020 los prestadores del servicio de transporte público del país tuvieron pérdidas acumuladas por 19,500 millones de pesos. “Aún se observa una caída de la demanda de 30%, en las primeras mediciones veíamos una caída de 60%, se ve una reducción de la demanda y no logramos llegar a ver los niveles prepandemia”.

Ante esta situación y luego de que la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) ayudará en el análisis de cada estado, Fernando Páez acotó que desarrollaron un proyecto dividido en tres etapas, con visiones a corto, mediano y largo plazo.

“Estamos planteando una estrategia de recuperación del transporte público colectivo en tres grandes momentos: sobrevivir, porque es muy importante garantizar la liquidez a los sistemas para operar adecuadamente; revivir, que implica hacer intervenciones en infraestructura, con nuevos modelos de operación; y prosperar, que implica elementos de optimización y mejora del transporte público que nos lleve como resultado final a recuperar toda la demanda perdida y ofrecer sistemas de transporte público de calidad”, sostuvo.

Profundizó que en esta primera etapa, proponen que se etiqueten recursos federales y estatales para apoyo al sector y se otorguen garantías de crédito con respaldo gubernamental. Se requeriría una bolsa inicial de 20,000 millones de pesos en el primer año.

A la par de estas acciones, el presidente de la AMAM, Alejandro López, acotó que en esta primera fase de acción se tienen que incluir en el presupuesto federal beneficios fiscales en IVA e ISR, “y que se incrementen los beneficios en el impuesto al combustible; así como que se otorguen garantías de crédito con respaldo gubernamental”.

Para la segunda etapa, dijo, se debe aplicar una visión de 1.5 a 3 años, donde se generen acciones financieras y operativas para reactivar la economía del sector “e incrementar el número de personas usuarias, mejorar la inclusión y la calidad de servicio”.

Fernando Páez ahondó en que además proponen incentivar la inversión en infraestructura y renovación de flota, revisar y ajustar los modelos de negocio del transporte público, aplicar la reducción de aranceles a la importación de autobuses con visión de transición tecnológica e incentivar la transformación empresarial.

Así como promover el uso del transporte público y la integración con otros modos a través de la infraestructura y el medio de pago; otra sugerencia es que se implementen carriles segregados para autobuses y control de la operación.

Fuentes alternativas

Para la tercera etapa, cuya visión es de 3 a 6 años, se proponen soluciones en términos financieros, operacionales y administrativos para consolidar fuentes alternativas de fondeo y financiamiento, en un marco normativo.

Se proponen medidas de recaudación asociadas al uso del auto personal, el pago de Tenencia, el uso de parquímetros, el acceso a áreas con restricción vehicular, así como otras asociadas al uso de suelo y la captura de valor, la subasta de norma urbanística y aportes por edificación adicional.

Sin dejar de solicitar la creación de un programa nacional de apoyo al transporte público colectivo para la recuperación de la crisis, Alejandro López dijo que para rescatar al sector se requeriría de una inversión estimada en 323,000 millones de pesos  en 6 años (2.3 veces el costo total del Tren Maya).

“Desde el 2018 hemos insistido en la necesidad de establecer una política nacional de movilidad que permita fortalecer la institucionalidad, definir competencias, establecer estrategias, asignar recursos y considerar esquemas de financiamientos”, sentenció.

“Queremos impulsar la creación de fondo específico para la movilidad de ciudades, que concentre recursos, buscamos consolidar los recursos de los fondos existentes y con reglas específicas”, añadió.

Radiografía del sector

Sobre la importancia de invertir en los sistemas de transporte públicos locales, el presidente de la AMAM precisó que éstos son utilizados por cerca de 50 millones de personas que todos los días los usan; de este sector dependen 160,000 empleos directos, en su mayoría conductores, mismos que superan 3.5 veces los acumulados del transporte aéreo, marítimo y de ferrocarril.

“También 75% de los estados que integran la AMAM está muy preocupado por la solvencia de los pagos de operación y en 35% se ha generado suspensiones”, refirió.

Mientras que 54% de los prestadores del servicio enfrentan falta de solvencia para el pago de gastos operativos, como sueldos. Si no se aplica un plan de acción, para el 2021 se generarán pérdidas por 19,500 millones de pesos.

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