De dos a seis años de prisión será la pena para cualquier persona que cometa el delito de usurpación de identidad, resaltó la diputada por el Partido Revolucionario Institucional, Isabel Aguilar Morales, quien presentó la iniciativa para combatir este fenómeno en Querétaro.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública del Congreso local resaltó el trabajo realizado en conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), además de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (Infoqro), que colaboraron en la elaboración de la reforma.

Se modificaron los artículos 157 apartados BIR y TER del Código Penal del Estado para incluir la figura del robo de identidad y evitar desde la usurpación, fraudes bancarios y extorsiones.

El robo de identidad causa serios problemas económicos, pero también se afecta severamente la reputación de la víctima, por lo que los daños y perjuicios causados por el robo de identidad no se limitan únicamente a problemas financieros, sino que pueden tener un alto costo tanto en el aspecto personal y sentimental de la víctima, debido a que puede dejar una sensación de violación a la vida privada , afirmó.

Explicó que, según datos de la Condusef, México tiene el octavo lugar mundial en robo de identidad, con un promedio de 400,000 víctimas anuales.

Las sanciones previstas en la reforma al Código Penal es una pena de dos a seis años de prisión, y una multa económica de 200 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), junto a la reparación del daño.

Iniciativa a profundidad

Aguilar Morales detalló que en caso de aprobar la iniciativa no sólo se sancionará tanto a quien usurpe o se apropie de la información personal de un tercero, también a quien la transfiera sin autorización. Actualmente el Código Penal no prevé el delito de usurpación de identidad, por lo que es sancionado como fraude o robo, situación que genera confusión en las víctimas.

(La información) es algo muy personal, que alguien la utilice sin consentimiento es un robo; cuando eso sucede es cuando decimos que las penas tienen que ser severas , expresó.

La diputada tricolor presentó una segunda iniciativa de ley para incorporar el principio pro persona como eje rector en la defensa y tutela de los derechos humanos.