Ambientalistas de la capital de Querétaro pidieron revocar el cambio de uso de suelo, aprobado por el ayuntamiento capitalino, a 32 hectáreas de la zona conocida como La Quebradora, en las faldas de Peña Colorada, una de las principales áreas verdes en esta demarcación.

La activista América Vizcaíno, incluso pidió notificar a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), para dar fe de los ilícitos cometidos en la zona, ya que durante muchos años un particular explotó un banco de material sin permiso.

El ayuntamiento niega que el cambio de uso de suelo de las 32 hectáreas que pasaron de preservación ecológica agrícola a comercial y servicios, equipamiento especial equipamiento recreativo y habitacional, dañe la zona ecológica de Peña Colorada.

Dicho cambio está en estudio desde hace años, por las diferencias entre el área de protección definida en el gobierno del estado y en la presidencia municipal.

América Vizcaíno insistió que el cambio de uso de suelo sí afectó a Peña Colorada, porque la flora y fauna es la misma, por lo que demandó revocar la aprobación y homologar la poligonal definida como área de protección ecológica, entre el gobierno del estado y la presidencia municipal de Querétaro.

Detalló que durante muchos años hubo daños por una empresa que operó de manera ilegal en la explotación de un banco de material sin tener el permiso, lo que devastó la flora y fauna de la zona y motivó la intervención de distintas dependencias federales, municipales y estatales, al poner en riesgo el ecosistema.

Aunque los procedimientos siguen su curso, ahora el dueño de la empresa vendió el terreno a un desarrollador que solicitó el cambio de uso de suelo "en una zona ampliamente devastada, donde se debió haber restaurado el sitio dañado".

"Los regidores le dan cambio de uso de suelo. No podemos premiar la delincuencia ambiental, autorizándoles un desarrollo inmobiliario", insistió Vizcaíno, al exigir que se dé marcha atrás y restaurar el sitio dañado.

Asimismo, pidió enviar a la delegación de la PGR una notificación, para dar fe de los ilícitos cometidos e investigar al infractor, por actuar con premeditación y poner en riesgo el ecosistema.

Consideró que los regidores que autorizan cambios de uso de suelo en zonas ecológicas deberían ser sancionados y ser solidarios responsables de las decisiones que toman, por el daño que causan al ambiente con sus autorizaciones.