Con el voto en contra de un Congreso asentado en un gobierno del PAN, senadores y diputados dieron ayer luz verde para la entrada en vigor de la reforma constitucional que cancelará cualquier intento gubernamental por restringir los derechos humanos y prohibe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, discapacidades, condición social, religión y preferencias sexuales.

Ayer, la Comisión Permanente del Congreso federal se dio cuenta de que los Congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, aprobaron las reformas a diversos artículos de la Constitución, avaladas por el Congreso federal.

Se informó que únicamente el Congreso de Guanajuato, donde hay un gobierno del PAN, votó en contra de esa reforma. En febrero pasado, senadores del PAN se dividieron en torno de esa reforma.

En ese sentido, al dar a conocer que 16 estados aprobaron la reforma constitucional, la Comisión Permanente del Congreso turnó ayer mismo al presidente Felipe Calderón el texto de los cambios, para que sean promulgados.

La reforma constitucional eleva de rango el respeto a los derechos humanos, ordena la reparación del daño en caso de violación por parte de las autoridades, determina en qué momento el Estado mexicano podrá decretar el estado de excepción y también reforma los procesos de asilo y expulsión para extranjeros.

Precisa que el Presidente de la República, los congresos federal y locales o el Jefe de Gobierno del DF podrán solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigación de casos de violaciones graves a los derechos humanos.

Regula la declaratoria de estado de emergencia en México en casos de afectación grave a la seguridad, con lo que se dejarán a salvo 20 derechos ciudadanos, como la garantía a la vida, culto religioso y el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas.

Los candados a los estados de emergencia que eventualmente emita el Presidente -con el aval del Congreso y bajo vigilancia de la Suprema Corte, en casos de perturbación grave a la paz pública o cualquier conflicto que ponga a la sociedad en peligro- prohíben que esto implique la suspensión total de los derechos humanos en el país.

La restricción de derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución, observando los principios de legalidad .

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