La Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas de la LVIII Legislatura local aprobó la iniciativa de reforma a ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado, con lo que se prevé establecer sanciones e inhibir actos de corrupción en la administración pública.

Apenas el 9 de diciembre fue presentada dicha iniciativa por el Poder Ejecutivo y, tras ser discutida al interior de la comisión, será pasada para que sea aprobada en el pleno.

Como invitado a la comisión, el contralor del estado, Alejandro López Franco, indicó que la propuesta plantea la creación de un código de ética general y por dependencia; a quienes falten al mismo se les establecerán sanciones que alcanzarían los 5,000 sueldos netos.

Es un marco jurídico que indica las responsabilidades en las que podemos incurrir los servidores. Mayor claridad al marco jurídico es una compilación de supuestos, conductas y requisitos (...), los órganos de control realizan actividades de prevención, control y vigilancia , dijo.

López Franco agregó que buscarán acelerar los procesos para desarrollar las investigaciones de los funcionarios públicos.

Transparencia

Otro de los apartados que se reformará es la manifestación de bienes: el padrón de funcionarios que deberá rendir este informe se ampliará, además de que se obligará a que se presente una declaración final, puesto que este paso se omitía y no se podía determinar con qué bienes concluía cada servidor, lo que fomentaba actos de posible corrupción.

Actualmente, quienes están obligados a presentar la manifestación son 6,400 de un total de 30,000 funcionarios públicos, pero, a partir de que se apruebe la reforma, los funcionarios estarán obligados a presentar la declaración de conflicto de interés.

Diputados integrantes de la comisión se manifestaron a favor y comentaron que apoyarán la aprobación de la iniciativa.

Al respecto, la diputada María del Carmen Zúñiga detalló que las responsabilidades de un mal manejo de recursos se amplía también a los proveedores de gobierno del estado, contratistas y particulares.

arlene.patino@eleconomista.mx