Una investigación sobre el presunto uso ilegal de recursos para la compraventa de una nave industrial donde participa el candidato presidencial Ricardo Anaya busca esclarecer movimientos de accionistas en la empresa que compró la nave, mientras un notario de Zapopan, Jalisco, desconoció como suyas las firmas que habrían autorizado el cambio de accionistas de la compañía, y presentó una querella por falsificación.

La investigación de la PGR inició en octubre del 2017, aunque las primeras pesquisas se realizaron desde la Secretaría de Hacienda a finales de 2016, cuando era titular de esa dependencia José Antonio Meade, actual candidato presidencial del PRI, de acuerdo con una información divulgada por el periódico español El País.

En la carpeta de investigación de la PGR, los abogados David Alberto Galindo y Daniel Rodríguez —quienes se acogieron a la figura jurídica de “criterio de oportunidad”, por la cual pueden reconocer su participación en un acto ilícito, resarcir el daño y no ser juzgados— explicaron fueron contratados por Manuel Barreiro, un empresario de Querétaro vinculado a Anaya, para que mediante una estructura financiera y corporativa se perdiera el rastro del dinero con el que habrían pagado 2.9 millones de dólares a Manhattan Master Plan, empresa que compró la nave industrial a Ricardo Anaya, a través de la compañía Juni Sierra, cuyo administrador único es el suegro del candidato.

Ambos abogados declararon que Barreiro les indicó que no quería que se le relacionase con el candidato. “El propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a Juni Serra, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble, y hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada empresa”, dijo Daniel Rodríguez.

Para ello, los abogados tramitaron un cambio de accionistas de la empresa Manhattan Master Plan, con fecha retroactiva a la conformación original de la empresa, con el aval de una notaria en Jalisco cuyo titular, Salvador Cosío, declaró que desconoce como suyas las firmas que dan fe de dicha modificación en la estructura accionaria de la empresa, y presentó una denuncia por la falsificación de su firma en tres documentos. “No se trata de mi firma”, afirmó Cosío, quien añadió que los documentos referidos no contienen algunas características que él acostumbra incluir en sus procedimientos como notario.

Anaya rechaza las acusaciones

Anaya, refiere la nota de El País, asegura que no tiene nada que ver con el esquema de lavado de dinero y subraya que la cláusula 20 del contrato de venta de la nave industrial establece que Manhattan Master Plan se compromete a que el dinero utilizado para la compra es de origen lícito: “Los recursos económicos que serán utilizados en la presente operación de compraventa, tienen una naturaleza lícita y no contravienen bajo ningún concepto las leyes aplicables en materia de recursos de procedencia ilícita y demás regulaciones legales aplicables relacionadas con dichas normas, comprometiéndose en sacar en paz y a salvo a la parte vendedora en caso de cualquier infracción de su parte a cualesquiera de los ordenamientos relativos a la procedencia de recursos y lavado de dinero”, refiere el contrato.

Anaya dijo que sí conoce a Barreiro porque “era el directivo más alto del parque industrial (donde se encuentra la nave) .

Además, el candidato de la alianza PAN-PRD-MC admitió, a pregunta expresa de El País, tener conocimiento del cambio accionarial, pero no de las supuestas deficiencias, sin embargo aclaró que “en cualquier caso, no tendría ninguna responsabilidad”.