El Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) presentará un paquete de reformas en materia fiscal y económica para fortalecer los ingresos de los municipios, así como el impulso a la generación de empleos en los jóvenes, mismas que considera que sea el Congreso local y no la Comisión Estatal de Aguas el que apruebe los incrementos a los pagos de derechos y contribuciones del agua potable.

El coordinador de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mauricio Ortiz Proal, puntualizó que dichas iniciativas pretenden otorgar más recursos a los municipios ante el complejo panorama económico que se prevé en el 2017, además de garantizar a la sociedad que no se verán afectados con el incremento de impuestos.

Aspectos

El paquete fiscal que presentarán incluye un punto de acuerdo para que los municipios reciban más recursos a través de la colaboración en las acciones de recaudación y fiscalización de contribuciones federales, situación que, aseguró, no afectará los ingresos del estado.

Al ser mayor la recaudación, los ingresos por incentivos también se incrementarían y pueden ser distribuidos a los municipios , acotó.

El GPPRI incluirá también una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, Estatal e Intermunicipal, para dar más incentivos a los municipios, al otorgarles 20% de lo recaudado por el Impuesto sobre Nómina (ISN), y que éste sea destinado a rubros de seguridad.

Además, pretenderán incentivar el primer empleo de jóvenes mediante una reforma a la Ley de Hacienda, que privilegiará a los recién egresados para que puedan ingresar al mercado laboral, otorgando estímulos en la deducibilidad de impuestos.

Cuando los sujetos, al pago del ISN generen nuevos empleos, y para ocupar éstos contraten a jóvenes egresados de instituciones de educación superior del estado, que desarrollan su primer empleo, podrán acreditar contra el mencionado impuesto una cantidad equivalente a 100% de las observaciones, es decir una deducibilidad fiscal , precisó.

En materia de pagos y contribuciones de agua potable, Ortiz Proal anunció la reforma para dar facultades al Congreso del estado para que defina los incrementos de dicho recurso, quitando esta facultad a la CEA.

Justificó las modificaciones al Código Urbano, ya que esto permitirá evitar variaciones en los precios del agua potable.