Cancún, QR. El juzgado primero de distrito con sede en Quintana Roo resolvió que la Unidad de Transparencia del Congreso del estado transparente los 100 millones de pesos que la Legislatura ha destinado al rubro de ayudas sociales.

Se trata del resultado de un amparo por el cual se ordena al poder Legislativo exhibir las facturas y recibos del gasto de 100 millones de pesos entre el 2016 y el 2017.

Desde noviembre del 2017, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo había dado pormenores del opaco manejo de la partida de ayudas sociales.

De hecho, asesoraron a la ciudadana Cecilia Sánchez Olais para denunciar a Ana María de la Luz Hernández Ayala, directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso del estado, por el presunto delito de peculado, luego de que en la sección de Transparencia de la página del Congreso, la denunciante encontró su nombre en el padrón de beneficiarios de “ayudas sociales”, con un supuesto apoyo de “hospedaje” recibido el 7 de noviembre del 2016, el cual nunca fue otorgado.

La denuncia quedó registrada bajo el número de caso FGE/QR/SOL/10/6074/2017 por el presunto delito de peculado.

Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, dijo que existe la presunción de que la directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso de la entidad, quien es la encargada de manejar y entregar los recursos de ayudas sociales, estaba haciendo uso para sí o para otros o distrayendo los recursos públicos que en razón de su función y cargo recibió en administración, ya que al utilizar nombres de personas, como el de la denunciante, para justificar el destino de los recursos públicos que maneja, se podría presumir que los ha estado desviando hacia otros fines.

documentos

En el sitio de Transparencia del Congreso local se encuentra un documento con el nombre de todas las personas que recibieron ayudas sociales en el último trimestre del 2016, cuando entró en funciones la XV Legislatura, y en el folio 1132 aparece el nombre de la denunciante Cecilia Sánchez Olais, quien nunca recibió el apoyo.

La ciudadana también presentó ante el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales una denuncia por el manejo de sus datos, además de requerir que investigue cómo fueron obtenidos por la directora.

Con el amparo que le fue concedido a la asociación Somos Tus Ojos por el juzgado primero de distrito en Quintana Roo, el Congreso ahora se ve obligado a transparentar cómo ha gastado esos recursos y podría derivar en nuevas denuncias por responsabilidades en contra de más funcionarios, específicamente diputados locales, que son quienes ejercen la partida de ayudas sociales de manera discrecional, explicó Galaviz Ibarra.

estados@eleconomista.mx