La búsqueda de la consolidación fiscal en el gobierno de Enrique Peña Nieto provocó que el valor de producción de la obra pública generado en las entidades del país se contrajera durante su gestión.

Una de las metas de la administración federal anterior era salir del letargo de ocho años consecutivos con déficits primarios (2009-2016), que en total registraron un acumulado negativo de 795,563 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El objetivo se consiguió. En el 2017 y el 2018 se presentaron superávits primarios, de 304,765 millones y 143,712 millones de pesos, respectivamente.

Sin embargo, esta consolidación fiscal incitó a reducciones presupuestarias, principalmente en la inversión pública. La tasa media anual de crecimiento (tmac) 2013-2018 del gasto de capital presupuestario fue de -7.5%, frente a incrementos de 8.1% en el periodo 2007-2012 (Felipe Calderón Hinojosa), de 11.3% en el 2001-2006 (Vicente Fox Quesada) y de 0.7% en 1995-2000 (Ernesto Zedillo Ponce de León).

Mientras la tmac de la inversión física presupuestaria, el componente más importante del gasto de capital (concentró 85.4% en el 2018), disminuyó 7.2%, contra incrementos de 11.6% en el lapso 2007-2012, de 7.9% en el 2001-2006 y de 2.3% en 1995-2000. Es decir, de los últimos cuatro gobiernos federales, sólo el de Enrique Peña Nieto mostró contracciones en estos rubros.

En este tenor, los recortes presupuestales en la inversión pública, para alcanzar la consolidación fiscal, exhibieron un alto costo que repercutió en la actividad de la construcción de los estados del país.

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el valor de producción de la rama constructora generado en las entidades de México, por parte del sector público, registró una tmac de -5.6% entre el 2013 y el 2018; por ejemplo, durante la gestión de Felipe Calderón la tasa media anual de crecimiento fue positiva, de 5.2 por ciento.

De hecho, a partir del 2013 comenzó a dibujarse una tendencia descendente del sector público en territorio nacional. Destaca que en los seis años de la administración de Peña Nieto, únicamente la obra pública creció en el 2018 (0.5%), lo cual se explica por una base de comparación baja y no por un detonante en la construcción.

La obra pública ascendió a 167,161 millones de pesos en el 2018, que significó aportar 39.9% del valor total de la construcción. Por tipo de obra, 27.8% correspondió a carreteras, caminos y puentes; 13.8% a obras de transporte en ciudades y urbanización; 9.8% a infraestructura para la generación y distribución de electricidad; 9.7% a edificios industriales, comerciales y de servicios; 7.0% a refinerías y plantas petroleras; 6.5% a sistemas de agua potable y drenaje; 5.5% a escuelas; entre otros rubros.

La tmac del 2013-2018 fue de -5.6% del valor de producción de la rama constructora generado en las entidades federativas, por parte del sector público, derivó de las disminuciones de sus principales componentes.

Las caídas más pronunciadas por tipo se dieron en obras y trabajos auxiliares para la edificación (tasa de 34.3%), vivienda (26.8%); refinerías y plantas petroleras (19.1%); obras y trabajos auxiliares para agua, riego y saneamiento (14.8%); presas y obras de riego (13.4%); oleoductos y gaseoductos (10.6%); trabajos de albañilería y acabados (10.5%); carreteras, caminos y puentes (10.1%), y hospitales y clínicas (9.0 por ciento).

Aunque también destacan aumentos en obras ferroviarias (53.2%), obras de transporte en ciudades y urbanización (21.3%), instalaciones en edificaciones (11.0%) e infraestructura marítimo y fluvial (3.2 por ciento).

La merma de la obra pública la aprovechó el sector privado (tmac de 2.8% con Enrique Peña Nieto), pero insuficiente para evitar que el valor total de la construcción —el cuarto sector más importante de la economía mexicana— descendiera (1.1 por ciento).

Actores relevantes

A nivel subnacional, en el sexenio federal anterior, sólo seis entidades mostraron aumentos en el valor de producción de la obra pública, destacando el Estado de México, con una tasa media anual de crecimiento de 23.3%; le siguieron Coahuila (13.7%), Querétaro (13.5%), Aguascalientes (3.5%), Michoacán (3.0%) y Morelos (1.4 por ciento).

Al otro extremo, los desplomes más pronunciados se observaron en Nayarit (25.3%), Colima, San Luis Potosí (ambos con 20.4%), Campeche (19.5%), Baja California Sur (19.1%) y Tabasco (18.7 por ciento).

El dinamismo del Estado de México fue por detonar la edificación de vivienda, plantas industriales, centros comerciales, escuelas, hospitales, infraestructura para la generación y distribución de electricidad, transporte en ciudades y urbanización, así como la construcción de carreteras, caminos y puentes.

Mientras las contracciones de Campeche y Tabasco resultan del impacto que tuvo la industria petrolera en años previos (bajos precios del crudo y disminución de la producción de hidrocarburos) en el sector constructor, recordando que estas entidades son las que más dependen de petróleo. En Baja California Sur y San Luis Potosí la construcción corrió a cargo de la Iniciativa Privada (en el total de la construcción mostraron variaciones positivas), que aprovecharon el boom turístico e industrial, respectivamente, de estos territorios.

Además, sobresale que en el 2006, las entidades con mayor valor de producción de la obra pública fueron Campeche, Veracruz y la Ciudad de México, mientras en el 2012 estos tres territorios también ocuparon el podio. Ya en el 2018 el primer lugar nacional correspondió al Estado de México.

Comienzo desalentador

Durante enero del 2019, el valor de producción de la obra pública se redujo 9.5% a tasa anual, resultado con el que se hilan cinco bajas.

Es decir, en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador este sector contratante de la construcción continúa rezagado.

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