Al inicio de este año, los estados continuaron adquiriendo deuda, la cual llegó a un nivel récord.

Las obligaciones contratadas en enero presentaron el mayor monto inscrito en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para un primer mes, que data desde 1995.

La cifra ascendió a 8,551.5 millones de pesos, frente a 4,708.2 millones en el mismo periodo del 2017, es decir, un aumento anual de 81.6%; no obstante, la variación del año pasado de 814.4% fue la más elevada de los últimos nueve años.

Destaca que los financiamientos de enero del 2017 y del 2018 rebasaran el umbral de 1,000 millones de pesos y fueran datos históricos, considerando únicamente el primer mes, después de que en abril del 2016 se publicara en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera, instrumento normativo que establece lineamientos en materia de presupuesto, endeudamiento, transparencia y rendición de cuentas para los ejercicios fiscales.

La ley tiene el Sistema de Alertas para clasificar el endeudamiento de todos los entes públicos locales que tienen financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único de la SHCP (sostenible, en observación y elevado), a través de tres indicadores.

La clasificación determina el techo de financiamiento neto al cual podrían acceder los estados para este ejercicio fiscal: en endeudamiento sostenible, a un adicional máximo equivalente a 15% de sus ingresos de libre disposición; en observación, a 5%, y en elevado, no podrá contratar obligaciones. Sin embargo, al cierre de septiembre del 2017, ninguna entidad se ubicó en elevado.

José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), indicó que los compromisos financieros provenientes de pasivos acumulados obligaron a las entidades a elevar su contratación de deuda, sobre todo porque los recursos recaudados al cierre del año pasado no fueron suficientes para cubrir las necesidades que se presentaron durante el primer mes del 2018.

Además, enero no es un periodo en el que se amortice deuda, sino es cuando los bancos redocumentan sus financiamientos con los gobiernos estatales, entonces “se suma el capital con los intereses vencidos”, explicó el especialista del Tecnológico de Monterrey, Raymundo Tenorio Aguilar.

Sobre el monto, lo atribuyó a la falta de administración de recursos, puesto que “los gobiernos locales no hacen un guardadito y se gastan el presupuesto no ejercido (...) En el 2017 se juntaron varios factores como austeridad, mayor transparencia y vigilancia de los recursos, que ocasionó esa cifra tan disparada”.

Los analistas señalaron que la Ley de Disciplina Financiera no impide que las entidades contraten deuda, únicamente las controla, supervisa y pone en evidencia, ya que hay criterios bajo los cuales se les autoriza poder de adquirir obligaciones nuevamente.

“Son pocas las consecuencias. No se ve la destitución del cargo, por ejemplo, de funcionarios, o el corte de recursos para nuevos proyectos”, puntualizó Tenorio Aguilar.

Mala gestión y sismos

De los 8,551.5 millones de pesos inscritos, 25.1% correspondió a Oaxaca, 23.4% a Chihuahua, 15.4% a Morelos, 9.4% a Zacatecas y 9.2% a Colima. El resto fue para Baja California, Chiapas, Nuevo León y Sonora, estados que terminaron el 2017 con faltantes de recursos por una mala gestión financiera, añadió el especialista del Tecnológico de Monterrey.

En el caso de Oaxaca, el director del Idic destacó que se trata de una búsqueda de desarrollo de infraestructura y generación de proyectos locales para las Zonas Económicas Especiales (un crédito de 1,200 millones de pesos fue para inversión pública productiva); también consideró que los sismos en septiembre propiciaron que el estado recurriera a la deuda, “algo similar puede estar ocurriendo en Chiapas y Morelos”.

En relación a los estados del norte que inscribieron obligaciones en enero, Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, manifestó que su crecimiento económico es importante debido a un modelo exportador que los favorece y el hecho de que estén endeudados se debe a que no tienen la liquidez suficiente para adelantar participaciones.

Las obligaciones del primer mes del 2018 se destinaron de la siguiente manera: 68.0% a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal (gastos no recurrentes por alguna contingencia económica o un proyecto no planificado), 24.5% a inversión pública productiva y 7.5% a refinanciamiento.

Meléndez Aguilar advirtió que en el 2018, al ser un año electoral, será más complicado mantener el gasto y, por tanto, habría que incrementar algunos impuestos, elemento al que muchos estados que no tienen un alto nivel de endeudamiento no quisieron recurrir y prefirieron obligaciones de corto plazo.

SCT niega deuda con ejido El Zapote

Guadalajara, Jal. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reiteró que el gobierno federal ya saldó la deuda que tenía con el ejido El Zapote por los terrenos expropiados en 1975 y sobre los cuales se construyó el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Contrario a lo que afirman los comuneros y sus representantes legales, el director del Centro SCT Jalisco, Salvador Fernández Ayala, aseguró que ninguna autoridad judicial ordena pago alguno al ejido.

“El gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ratifica que no existe adeudo alguno y que ya se pagaron las 307 hectáreas del ejido El Zapote y que en estos momentos no tenemos ninguna condena judicial que nos sentencie, que nos señale que debemos pagar peso adicional alguno”.

“Nosotros como Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como gobierno federal, estamos esperando esos tiempos de la autoridad judicial y es lo mismo que le hemos pedido a los líderes ejidales, que tengan paciencia y los estamos exhortando para que no tomen acciones donde afectan a terceros, como en sus manifestaciones hacia el aeropuerto”, puntualizó.

El pasado lunes, ejidatarios de El Zapote apoyados por organizaciones ejidales y sindicales de todo el estado, realizaron una marcha que culminó en el centro de la ciudad, para exigir el pago de los terrenos que, según dicen, asciende a 4,500 millones de pesos.

No obstante, el director del Centro SCT Jalisco indicó que el sexenio pasado el gobierno federal pagó 57.6 millones de pesos a los ejidatarios, 40 de ellos entregados por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa al representante del comisariado ejidal, Nicolás Vega, el 22 de noviembre del 2007 y con ello finiquitó el pago por las 307 hectáreas expropiadas.

Previamente, a través de un comunicado, la dependencia federal indicó que “la SCT estará atenta a la resolución que emitan los tribunales y acatará lo que en su momento se condene”. (Con información de Patricia Romo)