El cambio de gobierno debe representar una oportunidad para mejorar el esquema fiscal de los estados y municipios, pues el que se tiene actualmente está agotado y no contribuye a mejorar su capacidad recaudatoria, indicó Ricardo Gallegos Miranda, director de Finanzas Públicas e Infraestructura de HR Ratings.

“Cada vez que tenemos el cambio de una administración existe la posibilidad de evaluar si se agotó o no el sistema federal que tenemos (...) abre la oportunidad de discutir si la manera en que estamos organizados sigue siendo eficiente o no y si estamos dispuesto a dar un paso diferente”, acotó.

En entrevista, explicó que existe cierta inconformidad de las haciendas locales sobre los recursos que les asigna el gobierno federal a través de los ramos 28 de Participaciones y 33 de Aportaciones.

“Un estado que aporta 80% a la recaudación total de la Federación, sólo le corresponde 20%, lo cual les parece inequitativo, ya que si bien hay estados que se esfuerzan por recaudar buenos ingresos, al final les toca poco”, expuso.

Gallegos Miranda reveló que las entidades federativas deben asumir nuevas responsabilidades para que tengan derechos a mayores ingresos y que la administración federal tenga un papel más sencillo.

“La Federación debería quedarse con menos recursos de los estados y eliminar los convenios, pues le está dando suficiencia a las entidades para que lo ejerza en sus prioridades”, dijo.

Enfrentar los problemas desde una perspectiva local, aseguró, es la mejor manera de hacer política pública.

“Estamos acostumbrados a hacer política pública desde la Federación, lo cual no siempre es lo más conveniente para los estados y municipios”, expuso el directivo de HR Ratings.

Aclaró que también es una cuestión de que los estados se esfuercen por recaudar más, ya que algunos no lo hacen por cuestiones políticas.

ANTECEDENTES

De acuerdo con información del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, en México, la Ley de Coordinación Fiscal determina las potestades tributarias y los alcances del ejercicio del gasto de cada esfera de gobierno.

Esta ley fue promulgada en 1980 con el fin de simplificar la celebración de convenios entre la Federación y las entidades y municipios para simplificar la asignación de las transferencias.

David Colmenares, experto en hacienda pública, refirió que la Federación a través del Servicio de Administración Tributaria se encarga de la recaudación de impuestos y, una vez que los obtiene, reparte los recursos a los estados mediante participaciones y aportaciones.

“La repartición de recursos de los ramos 28 y 33 se basa en el número de habitantes que tiene cada estado, es decir, los que más población tienen, mayores recursos reciben”, declaró quien ahora es titular de la Auditoría Superior de la Federación.

Las participaciones forman parte del gasto no programable y su monto definitivo depende de los recursos que el gobierno federal recaude durante el ejercicio fiscal, vía impuestos e ingresos petroleros, por lo que indirectamente depende de los niveles de actividad económica y petrolera.

Los fondos que integran las participaciones se constituyen a partir de la recaudación federal de ciertos impuestos.

La principal fuente es la Recaudación Federal Participable (RFP), la cual se compone, principalmente, de los ingresos tributarios (ISR e IVA, entre otros) y algunos derechos sobre hidrocarburos.

Con parte de la RFP se constituyen el Fondo General de Participaciones (20% de la RFP), el Fondo de Fiscalización (1.25%) y el Fondo de Fomento Municipal (1%); también se reparte, por otros fondos y partidas, parte de la recaudación del IEPS y otros ingresos federales.

David Colmenares acentuó que a veces los estados están inconformes con lo que reciben mediante este ramo, pues si bien aportan una parte importante a la RFP, reciben pocos recursos; hay entidades que se han vuelto dependientes de este ramo.

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